Padres de estudiantes detenidos realizan protesta cívica en Puerto Ordaz

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Padres de los estudiantes detenidos el pasado 15 de junio en el Puerto Ordaz, realizan hoy una protesta frente al Palacio de Justicia en Ciudad Guayana.

No han dejado de pedir por la libertad de sus hijos, detenidos el pasado 15 de junio en una manifestación en Alta Vista.

Pero además esperan que el Gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, cumpla con su palabra.

“Él nos prometió interceder, abogar por la libertad de nuestros muchachos quienes llevan 30 días presos injustamente ya que ninguno de ellos cometió delito. Hay muchos testigos que lo corroboran,” expresaron.

Los representantes de los jóvenes detenidos en el Centro de Coordinación Policial Guaiparo, en San Félix, responsabilizaron a  funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en esa localidad, de haber  fabricado las condiciones para la presunta simulación de un hecho punible con el fin de poder detener al dirigente estudiantil  de la UCAB Guayana y  militante del partido Voluntad Popular, Samuel Petit.

“Este joven que convocó junto a otros líderes a una marcha que realizaron desde la sede de esa casa de estudios superiores hasta la Plaza Monumental, ubicada en el sector Alta Vista de Puerto Ordaz, fue detenido solo, sin ningún artefacto en sus manos que pudiera incriminarlo; sin embargo, según las actas presentadas por el organismo castrense y que se encuentran en el expediente, lo presentan con la posesión de un explosivo”.

Lo mismo hicieron con cuatro estudiantes de esa misma institución, quienes fueron sometidos cuando se encontraban dentro de una camioneta pick up, estacionados en esa misma zona, a la espera de un compañero para irse a estudiar en la sede de la referida institución educativa, advirtieron.

“Sandino León, Juan Jesús Urbina, Julio Otati y Noel Jiménez se encontraban dentro del vehículo a la espera de la llegada de un compañero de estudios,  cuando efectivos de ese componente militar también los detienen para llevárselos con todo y vehículo. Luego  los trasladan a la sede del Destacamento 625, ubicado en Puerto Ordaz. En las actas incluidas en el expediente aseguran que en el interior de la camioneta había otros artefactos explosivos, claramente “sembrados” para inculpar a nuestros hijos”, dijo Juan Carlos Urbina Mendoza, padre de uno de los afectados.

Agregó el representante que “tenían que justificar la flagrancia para, en ausencia del Ministerio Público, realizar el procedimiento y  que  se cumplían los extremos para la calificación de los delitos posteriormente imputados por el Ministerio Público. El objetivo era detener al líder estudiantil y militante del partido Voluntad Popular, Samuel  Petit, pero era preciso presentarlo con un grupo de estudiantes que, en esta presunta simulación de hecho punible, lo acompañaran en la comisión de estos eventos”.

Por eso –aseguró- estuvieron los efectivos de la Guardia Nacional, el resto del día realizando capturas selectivas de jóvenes.

Como prueba de ello, menciona el caso de uno de los estudiantes, de nombre José Alberto Pino,  quien fue llevado cuando abría un carro de comida rápida donde laboraba, a eso de las 4:30 pm, mucho después de haberse realizado la marcha estudiantil”.

Los nombres de los otros estudiantes inculpados en este caso son Eduardo Márquez, Emerson Salazar, Franluis López, Carlos Coa, José Pino y Joineth Viafara.

 

¿Agavillamiento militar?

La abogada Noraht González, madre de Noel Jiménez González, precisó que, a su juicio, “el juez está haciendo uso de un supuesto control judicial que no es para estos casos, ya que impuso, adicionalmente, un tercer delito de agavillamiento,  que indica que hubo un acuerdo para delinquir y ellos no estaban juntos, ya que fueron detenidos en distintas horas y en lugares diferentes”.

Esto lo hizo  para cumplir los extremos  exigidos por el COPP con el fin de imponer la privativa de libertad, en contradicción con lo asumido por la Fiscal 11ª del Ministerio Público que imputó solamente por Instigación y detentación de Artefactos Explosivos, advirtió.

Aquí el único agavillamiento que habría ocurrido es el de los guardias nacionales que se pusieron de acuerdo paras ‘fabricar’ un delito en contra de nuestros hijos, dijo.

Solicitó que los estudiantes fueran juzgados en libertad. El juez, con su conducta, abusó de la autoridad imputando este tercer delito; los jueces no imputan delitos es la fiscalía quien lo hace. Él está pasando sobré la decisión de la Fiscalía. Eso viola los derechos de nuestros hijos, señaló. Finalmente, dijeron que, como padres, no descansarán hasta  que logren la libertad plena de estos jóvenes  ya que son víctimas de una infamia, una injusticia cometida en el afán de reprimir el derecho a la protesta cívica, pacífica y democrática que tienen.

“Nosotros no estamos auspiciando la formación de nuestros hijos solamente como profesionales, sino también como ciudadanos de una sociedad democrática que cumplen deberes y ejercen derechos”.