El 1 de noviembre de 2017, el Presidente Nicolás Maduro exhortó públicamente a los candidatos de oficialistas para las elecciones municipales del 10 de diciembre 2017 a retomar el proyecto de las ciudades comunales, comunas y consejos comunales, en tal sentido advirtió:

“Ese es el eje nuestro, construir ciudades socialistas, comunales, para reordenar el caos capitalista que heredamos desde hace aproximadamente cuatro siglos atrás”.[1]

Ninguna novedad representa ese anuncio, más bien el tono y la forma de su anuncio contrasta cualitativamente con los bombos y platillos con los cuales en las elecciones municipales del año 2013 anunciaron el Plan Comuna o Nada, estrategia de movilización electoral para las elecciones municipales de diciembre del año 2013.

Y como el régimen es excesivamente imaginativo en crear instancias políticas, en el 2013 reactivó a los fines del Plan Comuna o Nada una denominada Comisión Presidencial para las Comunas, que entonces estuvo presidida por Héctor Rodríguez, actual gobernador del estado Miranda y cuyos resultados no resultan fáciles de medir.

Aquél proceso electoral de 2013 registró como resultados un total de votos para el PSUV de 5.265.930, que representó el 48,76% de la participación electoral. Mientras, la oposición capitalizó 4.410.238 de votos que representaron el 40,84% de participación electoral[2]; resultado que le permitió a la Unidad asumir la gestión de gobierno en la Alcaldía Metropolitana de Caracas más cinco de sus seis municipios; además de Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Maturín, San Cristóbal y Mérida. También la Unidad ganó en otros bastiones del chavismo para el momento, como eran El Vigía, Valle de la Pascua, Barinas y Valera. En la actualidad, varios de esos alcaldes electos en el 2013 están exiliados o en situación de presos políticos.

El periodista Eugenio Martínez afirmó que el triunfo de la Mesa de Unidad Democrática “en las ciudades más simbólicas del país (por su población o por su identificación con la revolución) provoca que la oposición genere en sus electores una percepción de triunfo que el chavismo –a pesar de su evidente ventaja numérica– no logra contrarrestar”.

A esas elecciones del 2013 llegamos más por suerte que por presión social y política. En tal sentido es oportuno destacar que para ese momento la última elección de alcaldes había sido en el año 2004 y la de concejales en el año 2005.  En consecuencia, los períodos electorales fueron extendidos discrecionalmente por el Consejo Nacional Electoral a espaldas de la voluntad popular, y así pasaron varios años hasta que decidió el órgano rector realizarlas, pero nuevamente uniendo ambas elecciones locales: la de alcaldes y concejales.

Es importante no olvidar un detalle que es grave, y es que en la elección de concejales del 2005 los venezolanos tuvimos la oportunidad de participar eligiendo a los integrantes de las Juntas Parroquiales, instancias que originalmente se diseñaron para la descentralización de la gestión municipal y luego se reformaron para orientarlas hacia la desconcentración de esa misma gestión local. Esa oferta electoral se perdió y fue arrebatada para las elecciones del 2013, gracias a la Asamblea Nacional producto del abstencionismo.

Resulta importante destacar que las elecciones municipales del año 2013 sirvieron de antídoto para evitar que el Poder Público Municipal, sus instituciones y competencias, pasaran al olvido en la memoria del colectivo venezolano.  Se reivindicó al Poder Público Municipal con aquellas elecciones.

En consecuencia, desde el 2000 hasta la fecha, el régimen ha hecho con las elecciones municipales lo que ha querido y la sociedad en general se lo ha permitido con pasividad asombrosa.

Nuevamente, la conducta del CNE se repite, separaron la elección de alcaldes y la de concejales violentando el orden legal existente, extendiendo el período de gestión de los concejales hasta nuevo aviso y a espaldas de la voluntad popular. Fecha cierta no hay, sólo la ambigüedad de que la misma será en el 2018.

La nota que marca la diferencia en este proceso electoral municipal es que aparece un nuevo actor, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, que ordena realizar la elección y dividirla en dos procesos, haciendo que un CNE subordinado a ella active todos los mecanismos operativos para llevar adelante un accidentado y muy dudoso proceso electoral municipal; tan dudoso como el que se realizó el pasado 15 de octubre 2017.

El Municipio, que constitucionalmente se reconoce como la forma de organización del territorio nacional, pareciera ser una “migaja” del contexto institucional del Estado Federal Descentralizado, motivado a que el régimen se ha encargado de imponer el desánimo y la frustración en los electores, luego del 15 de octubre del 2017, cuando el CNE decidió burlar toda formalidad y rigurosidad legal para la convocatoria y desarrollo del proceso electoral.

Las elecciones regionales lograron romper la mínima confianza que existía entre electores con los dirigentes políticos y los partidos políticos, el desafío ahora es cómo en este contexto tan autoritario de gobierno, donde no hay espacios que garanticen las libertades democráticas, se puede restituir esa confianza rota, que es pieza fundamental para poder restituir la democracia.

Los principales partidos políticos han decidido no participar en el proceso electoral municipal previsto para diciembre 2017, pero esa decisión, como ha sido característico en el pasado, se ha tomado sin el debate y sin la orientación, menos aún sin la discusión debida con los ciudadanos.

Nuestros dirigentes parecieran olvidar que no estamos hablando de una elección nacional, no se trata de cualquier proceso electoral, se trata de 335 elecciones, con distintos rostros y realidades, pero que se conectan entre sí, porque sus resultados tienen incidencia directa, inmediata y efectiva en la calidad de vida de los ciudadanos. Además, es en esa instancia donde cada uno de nosotros logra entender mejor lo que significa la democracia, la institucionalidad y la ciudadanía.

Foto: AVN

Mientras la rebeldía se decreta, sin ni siquiera volver a citar el 333 y 350 de la Constitución, el Gobierno retoma su visión estratégica de reactivar su metodología original de impulsar la transformación desde el nivel local y comunitario con los Consejos Comunales, Comunas y, entonces, Ciudades Comunales, que son parte de un modelo institucional dibujado en el Plan de la Patria 2013-2019 que pretenden ampliarlo hasta el 2030 como lo ha pedido el presidente Maduro el pasado 30 de octubre de 2017.[3]

Frente a esos anuncios del Gobierno de impulsar el modelo comunal, los vecinos, aquellos líderes comunitarios que sin aspiraciones electorales siempre han lidiado con la defensa de la democracia en los términos de libertad de participación y de asociación, y exigencia de calidad en la prestación de los servicios públicos, quedan en la más absoluta indefensión, sin voceros efectivos y, en consecuencia, en un estado de orfandad muy grave para la salud anímica de nuestras comunidades, que claramente termina de romper cualquier posibilidad de cohesión en nuestra sociedad.

Las razones para no participar en las elecciones municipales son muy válidas, pero no son nuevas, ya eran conocidas, los partidos tienen sus razones, se les respeta, pero es oportuno reclamarles la ausencia de consulta, aun sabiendo que tienen estructuras municipales y concejales en ejercicio, a través de los cuales los electores lograrían una efectiva comunicación abierta y directa. Pero no saben utilizar efectivamente esos canales.

La orfandad ciudadana lleva a que al mismo elector ya no le importe ir o no al proceso electoral, pues no encuentra razones que lo motiven a ello y, menos aún, un plan B que le motive a no hacerlo. En consecuencia, el único mensaje es bajar la santamaría, echar al cesto de la basura las buenas gestiones logradas por cada alcaldía, hasta que el sistema electoral sea cambiado para ir a unas elecciones presidenciales en el año 2018, en una fecha que hoy es incierta.

¿Mientras tanto qué?, se preguntan algunos. En medio de esto, pareciera que la única posibilidad inmediata de trabajar el tema de la confianza con el electorado pasa por la necesaria definición de un Pacto Nacional de Unidad para la restitución del orden constitucional y democrático de Venezuela.

Vivimos momentos confusos, cuando nadie tiene toda la razón en sus manos, menos aún la verdad absoluta. Pero lo que sí es seguro es que cuando ha habido unidad y espíritu unitario hemos resultado victoriosos. Unidad y más unidad, no tenemos opción. Carlos Romero Mendoza