Doce personas de los 18 fallecidos en el enfrentamiento con el Ejército en mina Cicapra en Guasipati han sido identificadas.

El parte policial maneja los nombres de Deimos David Arteaga y Yuber Durán Arteaga; Angeli Rodríguez, la única mujer y a quien presuntamente llamaban La Patrona; Dieker Madrid; Juan José Salazar y Juan José Salazar G; Hiulys Uromiare R. (posiblemente sea el hijo de La Patrona); Yoel Contrera; Tigue Linares; César Ramírez;  Santiago García y Jesús Hernández.

Aun faltan 6 más por identificar. Ahora bien, de acuerdo al topo dentro de la organización, además de la muerte de La Patrona, también murió su hijo, sólo que no se maneja en los medios quién es.

Familiares en el Cicpc

En horas de la mañana a la sede del Cicpc fueron llegando los familiares de los presuntamente abatidos porque la familia asegura que ellos estaban durmiendo cuando ingresó el Ejército y los atacó.

No tienen conocimiento exacto de cuántos pueden ser los fallecidos pero manejan cifras que pasan de 30 personas, sólo que el gobierno admite 18.

La mayoría de los que trabajan en las minas son de San Félix. Inicialmente llegó a comentarse que había caído gente del Tren de Guayana o de la banda de El Capitán, pero estos más bien eran enemigos por lo que al caer La Patrona queda solo el Capitán quien controla la mina de Las Vainitas en Guasipati.

El diputado Rachid Yasbeck hizo acto de presencia para acompañar en el procedimiento de reconocimiento y de apoyo legal, mientras el diputado Américo De Grazzia, dijo vía redes sociales que “¿Cómo hubo un enfrentamiento si los efectivos del Ejército no tuvieron ni un rasguño?”

El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, no cometió el error del gobernador anterior que negó la masacre de Tumeremo del 4 de marzo del 2016. De una vez le declaró al periodista Carlos Suniaga que el Ejército había realizado una incursión en el área minera de Cicapra con el saldo conocido.

Organismos como Provea pusieron el acento en el hecho de que podría tratarse de un nuevo abuso del Estado en el proceso de aplicación de justicia en las minas del estado Bolívar.