109 ataques a defensores de DD HH, periodistas, médicos, en el país de enero a junio de 2020

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El Estado venezolano continúa agrediendo a quienes defienden derechos humanos bajo la lógica del enemigo interno”, denuncia el informe publicado este lunes por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).

“La política de criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos se ha agudizado durante el estado de alarma decretado en el país el 13 de marzo”.

Al menos 109 personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela fueron atacados en el primer semestre de 2020, una situación que se ha agravado durante la pandemia por covid-19, recoge el informe.

Hasta ahora la ONG venezolana contabilizó 51 ataques en el primer trimestre y otros 58 entre abril y junio; meses durante los cuales el régimen de Nicolás Maduro ha mantenido al país en cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, que ha causado la muerte de 89 personas y del que se han contagiado 9.465.

Entre las personas más atacadas figuran los profesionales de la salud, trabajadores de organizaciones humanitarias, periodistas, activistas sociales, líderes sindicales y defensores de derechos humanos, según el informe.

La investigación explica también que las formas más usadas para atacar han sido “actos de intimidación y hostigamiento”, persecución, detenciones arbitrarias, judicialización, amenazas de muerte, ataques digitales y restricciones legales.

Además, se registraron 43 “estigmatizaciones” durante el segundo trimestre, ataques que muestran “el uso de los discursos de odio y desprestigio, ejecutados por autoridades e instituciones del Estado a través del sistema nacional de medios públicos para afectar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden derechos humanos”.

El informe también señala que 35% de los responsables de todos estos ataques han sido los medios públicos que controla el régimen, 31% funcionarios o instituciones del Estado, 12% los organismos de seguridad y un 22% de “otros” que no fueron especificados.

En el segundo trimestre, subraya el CDJ, los venezolanos no han dejado de protestar en las calles debido a la crisis económica y “se ha puesto en evidencia la sistematicidad y el agravamiento de las condiciones adversas en las cuales las personas y organizaciones en Venezuela defienden y exigen derechos humanos”.

Por todo ello, la ONG pide que se investigue y sancione a los responsables de cometer estas agresiones toda vez que “el derecho a defender se ha convertido en una labor de alto riesgo” en el país sudamericano.

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