Varias familias sufren desde hace cinco años amenazas, acoso, maltratos en sus tierras porque un gerente de Ferrocasa vendió varias parcelas, cercadas  y con vivienda de bloques, cuyos propietarios, además contaban con su ficha catastral otorgada por la Alcaldía de Caroní.

Vía redes sociales, hacen un llamado de auxilio al gobierno nacional, concretamente al presidente Nicolás Maduro, y al fiscal general, Tarek William Saab para que pongan atención a la situación porque aunque ellos tienen 12 años siendo propietarios de esas parcelas, un funcionario de Ferrocasa, vendió esas mismas parcelas a un par de hermanos quienes mandarria en mano acabaron con las viviendas, cortaron la luz y arrasaron lo que allí había sembrado “como los nuevos dueños” de esas tierras.

Las familias acusan concretamente a Richard Sánchez, gerente de Ferrocasa quien realizó una venta sin carta aval ni ficha catastral, pasando por encima de cinco familias.

Familias que por cierto, todas forman parte de lo que ahora se llama población vulnerable, madres solas, mujeres solas, jóvenes huérfanos y personas de la tercera edad.

Fueron unos barbarazos

“Los nuevos dueños” por obra y gracia de Richard Sánchez, explican las familias, actuaron como los barbarazos: Arrasaron con más de 400 matas entre plátano, lechosa, naranja y otros frutales y plantas medicinales.

La pesadilla inició hace cinco años cuando Ferrocasa vendió unas tierras que eran propiedad de otros pisatarios hacía 12 años.

Sin ningún tipo de carta aval o de ficha catastral, que son 2 requisitos primordiales para iniciar proceso administrativo, Sánchez, pasándonos por encima a las familias que allí estábamos, vendió nuestras tierras, dicen.

No sólo acabaron con las siembras sino que también a mandarriazo limpio derribaron las viviendas que allí se habían levantado.

“Y aunque colocamos la denuncia ante la GNB y la Fiscalía, para nuestra mayor sorpresa, de víctimas pasamos a ser victimarios”, explican.

Los ciudadanos afectados por Sánchez y los “barbarazos”, los hermanos Torres, indican que la información fue dada a conocer tanto al alcalde de Caroní como al gobernador del estado, y lo que están es pidiendo justicia.

“No hemos logrado que alguien nos de una respuesta de por qué un Ente del Estado violó la ley. Estamos exigiendo que nos devuelvan nuestras tierras y la paz”, explican.

Denuncian que ante Fiscalía reposa cualquier cantidad de citas por presunta invasión a  la propiedad, “porque pasamos de ser víctimas a imputados”, agregan.

No hay excusas

Las familias afectadas cuyos apellidos son Carrero; Valencia; González; Dairo y Ferrer, exigen justicia, reiteran.

Precisan que Sánchez no puede alegar que no tenía conocimiento porque él sabía que esas tierras tenían dueño y aun así vendió las parcelas, con la gente adentro.

Se preguntan porque en el expediente del caso, a pesar de que los hermanos Torres han sido denunciados por acoso, destrucción de propiedad y de plantaciones, no aparece nada de eso.

Sólo aparecen las denuncias contra las familias que lo que están es luchando por recuperar sus tierras y sus bienes.

Solicitan investigar a los hermanos Torres, a los gerentes de Ferrocasa involucrados en el procedimiento y por supuesto al gerente de la empresa, Richard Sánchez.

“Nosotros contamos con nuestra ficha catastral otorgada por la Alcaldía junto con nuestra carta aval porque estos son los primeros paso para poder legalizar la tierra”, precisan.

Aseguran que la funcionaria Eloisa Benítez, directora de Catastro estuvo en ese terreno haciendo la inspección y ella no se explica cómo CVG Ferrocasa vendió algo que está cercado y con viviendas adentro, lo que automáticamente la convertía enpropiedad privada.

“Solo pedimos justicia porque ya son 5 años de inseguridad, incertidumbre con estos señores Torres. Ya estamos cansados del desprestigio y de las denuncias, sabiendo que nosotros somos los pisatarios del terreno  pero sin embargo, los Torres se atrevieron ir a comprar la tierra en CVG Ferrocasa y legalizar ante un Registro sin tener una carta aval y una ficha catastral, y lo peor consiguieron que en Ferrocasa alguien hiciera lo que ellos querían, afectando a varias familias, sin importarles nada”, concluyen.