Robert Alvarado (@robertveraz)

«La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio» Marco Tulio Cicerón

Tener sinceridad, o hablar con la verdad, implica reconocer las debilidades de cada uno. Implica reconocer los errores, saber cómo superar los fracasos, los malos momentos por los que se pasa.

Implica reconocer que no se es perfecto y que nos faltaba algo de preparación o experiencia.

Siempre lo dijo Simón Bolívar «El que manda debe oír aunque sean las más duras verdades y, después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que produzcan los errores».

Dos hechos aislados que ocurren allá en Yaracuy. Tierra de dos baluartes venezolanos como el ex presidente Rafael Caldera y Alberto Ravel (padre de Alberto Federico Ravel).

Son dos casos distintos, pero debe ser conocido por la colectividad venezolana en el tema jurídico como lo comenta Cicerón en materia penal en violencia de género.

Comenta Cicerón que el Presidente del Hogar Hispano del Yaracuy, Edmundo Rodríguez Loyo, y funcionarios regionales en esa entidad federal de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), perturban, acosan, amenazan, intimidan y persiguen a la arrendataria Carmen Susana Párraga Urbina.

Según comenta Cicerón, Carmen Susana, quien es arrendataria de un local comercial donde funciona el restaurant “Don Quijote”, dentro de las instalaciones del conflictivo “Hogar Hispano del Yaracuy” situado en San Felipe, ha sido objeto desde hace varios meses de acciones perturbadoras consistentes en acosarla, amenazarla, intimidarla y perseguirla, por parte del presidente de la junta directiva de esa asociación privada, Edmundo Rodríguez Loyo, junto con funcionarios regionales al mando de la Coordinadora Regional de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), abogada Dulce Fabiola López Pérez, de cuyas ejecutorias intrafamiliares en desmedro de sus progenitores y públicas conoce todo Yaracuy.

La denuncia que habla Cicerón da cuenta de que, Rodríguez Loyo, un habilidoso sin profesión ni oficio a quien no se le conoce forma honrada de sustento, que se vale de sus nuevas relaciones con funcionarios civiles y militares gubernamentales, aun cuando allá en Yaracuy se sabe que él es opositor al régimen, se ha dado a la tarea con sus noveles amigotes de tratar de desalojar por la fuerza de sus actos arbitrarios e ilegales, a la señora Carmen Susana Párraga Urbina, socia de ese club, de un local comercial que tiene arrendado desde hace más de 15 años.

Para ello, el holgazán y parlero presidente del Hogar Hispano del Yaracuy, que alardea de haber conseguido un rico y famoso a quien alquilar dicho local, ha hecho «de todo y con todos»:

De sus ilegales y atropelladoras acciones destacan fundamentalmente 3 que son dignas de narrar:

*Perturba con violencia la posesión de la arrendataria, clausurando el local arrendado por la fuerza de su efímero “poder” que le dan sus relaciones, cambiando las cerraduras y candados, cortando los servicios de agua y electricidad, apropiándose indebidamente de enseres y mercancías propiedad de la arrendataria y rehusándose a entregar a la arrendataria los recibos por el pago de arrendamiento, además de cuanta tropelía se le ocurre.

También, diariamente persigue en su vehículo Hi Lux por toda la ciudad de San Felipe y hostiga personal y telefónicamente a la arrendataria.

Con los funcionarios de la SUNDEE en el estado Yaracuy, Dulce López Pérez, Rubén García, María Isabel Montilla, uno de apellido Riera y otro de nombre Juan, intimidan y acosan a la arrendataria.

En este último aspecto, los funcionarios, en dadivoso concierto y favorecimiento para con él, abusan de la autoridad que les fue conferida en razón de sus cargos, y han faltado a sus deberes legales beneficiando al arrendador, transgrediendo las normas de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, en sus artículos 5 y 7, que los obliga a intervenir con equilibrio entre las partes y en defensa de los derechos irrenunciables que asisten a la arrendataria (artículo 3).

Por todos los hechos antes narrados, cursa investigación penal distinguida con el alfanumérico MP-76256-2022, por ante la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público en el estado Yaracuy.

Nos refiere la afectada que, aunque confía en las acciones del Ministerio Público, representado por el Fiscal Cuarto, hace un desesperado llamamiento para que no se sigan vulnerando sus derechos legales y no se ejerza violencia contra ella por su condición de mujer.

En el otro caso de violencia de género como dice Alva de Contreras “El Valor de una mujer es: el gozo de saber que Dios nos ha creado con la mentalidad de autogobernarnos en todos los roles de la mujer, la belleza de la respuesta emocional al amor y al dolor, la fuerza de seguir lo que tiene valor, de soportar lo que es necesario y de dejar de lado lo que no es para nosotras, el gozo de ser madres si traemos o no hijos al mundo, la paz de aceptarnos a nosotras mismas como ciudadanas no de segunda clase sino de primera, y la seguridad de saber que somos hijas del Dios altísimo quien nos ama y nos cuida y con quien viviremos eternamente.”

La Fiscal Provisoria 13° para la Defensa de la Mujer del Ministerio Público en el estado Yaracuy, Juliel Lislet Rodríguez Puertas, dice Cicerón que no actúa legalmente en función de su competencia si no ilegalmente a favor de los hombres victimarios de violencia de género.

Para muestra, baste el siguiente botón. Nos llega una grave denuncia desde los predios de la tierra donde se dice que reina la naturaleza: el estado Yaracuy.

Nos escribe precisamente una mujer yaracuyana, para que hagamos público lo que ella considera “un machismo por dádivas en el Ministerio Público de Yaracuy”.

De aquella entidad federal sabemos que, el Fiscal Superior Oscar Baquero, goza del aprecio y la confianza del Fiscal General de la República, porque son camaradas del Partido de la Revolución Venezolana (PRV) que surgió de una división del Partido Comunista de Venezuela (PCV), el 23 de abril de 1966, como fracción disidente integrada principalmente por cuadros y combatientes del Frente Guerrillero José Leonardo Chirinos que operaba en el estado Falcón y del Frente Guerrillero Simón Bolívar del estado Lara, con la finalidad de dar continuidad a la lucha armada y bajo la dirección del fallecido Douglas Bravo; además, esa confianza deviene por el hecho de que Baquero es un tipo honesto, al extremo de que, desde que ejerce ese cargo, se apartó y no trata a sus amigos para evitar que le pidieran favores (José Baquero, del «Hotel El Tranquero», en la avenida Cartagena, sabe bien de eso).

En ese contexto, Oscar Baquero ha dicho: “Tendré por norte y como línea fundamental que transversaliza toda la acción de los órganos del poder público y en especial de esta fiscalía; el respeto, salvaguarda y vigilancia y perseguir todo aquello que tiene que ver con la violación o delitos contra los Derechos Humanos.”

Sin embargo, las ejecutorias públicas de la Fiscal Provisoria 13° del Ministerio Público en el estado Yaracuy, Juliel Lislet Rodríguez Puertas, parece que no le siguen el ritmo a lo dicho por su jefe regional y por el Fiscal General de la República, Tarek Willliams Saab; pues su competencia funcional es en defensa de la mujer, pero ella actúa a favor de los agresores, de los victimarios, de los maltratadores, y dice la denunciante que lo hace por jugosas y consecutivas dádivas en verdes.

El caso que hoy nos ocupa, da cuenta de la agresión física y patrimonial de la que recientemente, en Yaritagua, municipio Peña, fue objeto la ciudadana Yethselis Alexandra Peña Garcés, por parte de su ex concubino, el abogado Harley Alexander Goncalves Suárez.

El agresor, como lo refleja Cicerón un indocto profesional hijo de inmigrante portugués con trastornos de conducta violenta, que valiéndose de sus noveles relaciones se ha convertido en nuevo rico y dueño de varios bodegones al mejor estilo boliburgués, por lo que asiduamente “desfilan” algunos rojos rojitos del sistema judicial regional.

Es tanto así como lo refleja y lo manifiesta Cicerón: Goncalves Suárez, en uno de sus furores de ira persiguió a toda velocidad y en compañía de una prima de él, a su concubina Peña Garcés, hasta que logró interceptarla para agredirla, quitarle el vehículo donde ésta se desplazaba y dejarla abandonada en medio de la calle y sacarla a la fuerza del hogar común.

Al día siguiente, la afectada formuló la correspondiente denuncia y fue así como el caso llegó a las impúdicas manos de la fiscal Juliel Lislet Rodríguez Puertas (prima del traficante de influencias y tristemente célebre Rafael Puertas Mogollón, sempiterno presidente del Colegio de Abogados de Yaracuy.

Al principio, relata la denunciante, la representante de la vindicta pública se mostró equilibrada, pero con el devenir de los días y la nada disimulada intercepción de otra Fiscal del Ministerio Público, la abogada Lisbeth Cándida Perdigón (quien tiene una investigación penal por corrupción en la Fiscalía 14° de Yaracuy), y de la abogada del agresor, Lenny Parra, la actitud de la fiscal para la “defensa” de la mujer se convirtió en abierta y descarada defensa del hombre agresor, al punto que la investigación penal se detuvo y la Fiscalía 13° empezó a actuar a favor del locuaz Harley Alexander Concalves Suárez.

Resulta que, en la casa de la progenitora de la víctima Peña Garcés, se encontraban unos vehículos que pertenecen a la comunidad de gananciales habida entre la víctima y el victimario, producto de la unión estable de hecho de ambos por más de 10 años.

Pero la Fiscal 13°, que se presume debe actuar en defensa de la mujer víctima, que se presume tiene conocimiento de lo que es violencia patrimonial y que ha debido presumir a favor de la víctima la posesión de estado de concubina y, por tanto, de copropietaria de los bienes gananciales, giró instrucciones mediante oficio a la Policía del Estado Yaracuy, para que en compañía del agresor y de la abogada de éste, retiraron por la fuerza pública los vehículos en cuestión.

Fue así como funcionarios policiales, el agresor Harley Alexander Concalves Suárez y la abogada Lenny Parra, derribaron la puerta del garaje de la vivienda de la madre de la víctima, allanaron la morada y haciendo uso desproporcionado de la fuerza se llevaron dichos bienes.

Surgen entonces las presuntas: ¿actúo la Fiscal 13° en defensa de la mujer víctima? ¿Por qué tan inusitada diligencia a favor del agresor? ¿Actuó así apegada a derecho la susodicha Fiscal 13°? ¿Por qué no ordenó realizar experticia a los títulos y documentos de propiedad de los vehículos? ¿Es de su competencia hacer entrega de unos bienes presumiblemente gananciales que no estaban en conflicto ni en litigio?

Las respuestas las deben tener los respetables Fiscal General de la República y el Fiscal Superior del estado Yaracuy, a cuyas conciencias apela la víctima y Cicerón hace pública la denuncia de estos dos hechos que suceden en Yaracuy…    

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