Robert Alvarado (@robertveraz)

«Se aprende más en los juegos que se pierden que en las partidas que se ganan» José Raúl Capablanca

Desde mediados de 2021, la reactivación económica del país tiene en los casinos uno de sus nuevos pilares, para despecho de aquellos fieles al legado de Chávez, pero, como suele suceder, ciertos licenciatarios mal interpretaron la buena fe del Estado venezolano al reimpulsar la industria del juego, dicho por Elvis Amoroso, Contralor General de la República.

Para él ese hecho sería un juego de mal gusto con consecuencias que desde ya se están haciendo sentir entre los que habrían incurrido tanto en la tergiversación de normas legales como del propósito gubernamental que condujo a la reapertura de los casinos.

El máximo representante del Sistema Nacional de Control Fiscal soltó esa perlita a modo de justificación de la auditoría de licencias de casino anunciada por él. Su pronunciamiento genera suspicacias. ¿Por qué? Dos de los casinos cuestionados por supuestos omisiones legales están ubicados en el estado Aragua, su terruño.

Lo anterior sugiere un Mensaje a García, cuyos destinatarios son ampliamente conocidos en la llamada Ciudad Jardín, quienes no estarían haciendo las cosas del todo bien en centros de esparcimiento con lo que estarían tentando la suerte, sí, esa suerte con la que se estarían beneficiando por incurrir en ciertos deslices nada agradables para las autoridades gubernamentales, que en Amoroso tienen un guardián de la ley y el orden que estarían siendo burlados en la jurisdicción que lo vio nacer.

¿Omisiones legales? En agosto y octubre de 2021 los casinos Ciudad Jardín y Bellagio, respectivamente, iniciaron operaciones en Maracay, antes de un año ambos establecimientos se convirtieron en blanco de fuertes críticas y cuestionamientos a propósito de circunstancias aparentemente anómalas relacionadas con su puesta en marcha, de hecho el primero habría estado cerrado por un tiempo, en tanto que el segundo se encuentra cerrado desde hace como dos meses, ambos en medio del más absoluto hermetismo.

Todos los consultados para este artículo manifestaron no saber nada, sin embargo existen rumores de extorsión por parte de un oscuro personaje que actuaría como operador de encumbrados personeros del gobierno, dueño de casino que no acceda a sus pretensiones pecuniarias es objeto de cierre, sin derecho a pataleo y sin los formalismos de ley.

De lejos resultan poco comprensibles las circunstancias antes aludidas, al adentrarse en la sociedad aragüeña, mejor dicho maracayera, surgen indicios de vinculaciones que explicarían las omisiones legales atribuidas a los casinos Ciudad Jardín y Bellagio.

El primero lo vinculan a un empresario cuyo nombre ha salido a relucir en diversas oportunidades por problemas con la ley, ciertos o falsos, son de conocimiento público y dan mucho que pensar.

El segundo, tendría como propietarios empresarios lusitanos, de un istmo y criollos en procura de los entendimientos necesarios para seguir operando con los excelentes dividendos que añoran para recuperar el capital invertido con pleno conocimiento y manejo del negocio en otras latitudes.

Aunque el Contralor General de la República no fue explícito, las marchas y contramarchas en el Hotel Pipo y Ceproaragua, asiento de los cuestionados casinos, sugieren manejos turbios, afectación de intereses o, en su defecto, relaciones políticas que resultan incómodas para el gobierno.

Las especulaciones abundan, algo que es pernicioso, pues hacen escurridiza la verdad que tal vez salga a la luz con la auditoría de licencias de casino anunciada por Amoroso, con la que estoy de acuerdo, por una sencilla razón, en términos de reactivación económica el juego debe ser limpio tanto por parte del gobierno como por parte de los inversionistas, que para empezar deberían dar la cara para valorar la procedencia de los capitales que dicen haber arriesgado en esta reapertura de los casinos.

Con la ley y el gobierno no se juega, menos en Aragua, pareciera ser la consigna del aragüeño nacido en Cagua, Elvis Eduardo Hidrogo Amoroso, de tal manera que sin importar que se esté pensando en el esparcimiento de las personas o buscando distintas formas para salir adelante en materia económica, de haber ilegalidad en los casinos en Maracay, Amoroso tendrá la mesa servida para realzar su figura como garante de la pulcritud en cuestiones relativas al fisco nacional.

Suena irónico, pero son las contradicciones a las que nos enfrentamos a diario, las mismas que le sirven al gobierno para mostrarse como garante de la legalidad, esta vez propiciada en centros que según el difunto eterno eran “lugares de perdición que solo servían para enriquecer a los burgueses”.

Esas palabras de Chávez obligan a considerar otra faceta del asunto, ¿a quién enriquecen esos casinos? Por un lado estaría un “magnate”, que otrora velaba por los intereses del ex gobernador Isea, como me dijo mi amiga de feliz memoria Berenice Gómez, señalado de haber incurrido en apropiación indebida de créditos, distracción de recursos del sector bancario, información financiera falsa y estafa.

Algunos dirán que ese señor no le debe nada a la justicia, lo cual puede ser cierto, pero con su propensión a operaciones fraudulentas, como lo dejó entrever un conocido portal informativo recientemente, tratándose de juegos de envite y azar, estaría en un escenario ideal para reincidir.

Del otro lado, tenemos a empresarios que dicen haber apostado a Venezuela, es decir, estarían probando suerte, estarían poniendo en riesgo la inversión hecha por no gozar de respaldo político alguno, por no tener padrinos, algo que suena ingenuo, tan ingenuo como pensar que uno puede comerse un sándwich de pernil en La Encrucijada sabiéndose sin recursos para pagarlo.

A simple vista, el boato y derroche con que abrieron sus puertas ambos casinos, más que signo de inversión de riesgo lo sería de opulencia desmedida manifestada sólo en ciertos lugares del país, hecho que analizado concienzudamente por cualquiera con tres dedos de frente insinúa una burbuja económica inducida para engrosar el torrente económico y que habría dado lugar a un conflicto de intereses a resolver desde la arena política, entiéndase, desde la cúpula gubernamental con medidas que traerán sorpresas, nada parecidas a las surgidas en las mesas y máquinas de los casinos, pues no serán producto del azar sino de disquisiciones maquiavélicas, cual saetas en la oscuridad.

Los casinos serían centros de lavado, lo dijo Néstor Reverol en 2011, al igual que lo dicho por el difunto eterno son palabras que se echaron al olvido, no así que se hagan a un lado directrices atinentes a una relación que llamaríamos de ganar ganar entre inversores y ciertos personajes que gravitan en torno al centro de poder en Venezuela, porque si una cosa es cierta es que el cierre de los casinos afecta a muchos.

Lo deseable es que abiertos contribuyan efectivamente a fortalecer las instituciones educativas, al abastecimiento de los hospitales, a reactivar las industrias paralizadas y elevar el salario mínimo, de ser así, ¿por qué oponerse a incentivar el juego? Cosa que resulta chocante cuando la mayoría de los venezolanos se las ingenia para rebuscar un ingreso que les permita subsistir.

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