Carmen Carrillo
Buenos Aires.-(Especial).-Lo que se inició como una simple diferencia entre socios de una empresa, está a punto de ser la acción que impida que la industria petrolera venezolana inicie su reactivación económica.
Ya no son las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Ahora parece, que se persigue a través de figuras paralelas, tal cual el caso Monomeros o Citgo, que una empresa contratista vital en la puesta en marcha de la producción de un millón de barriles diarios de petróleo, pase a estar bajo el dominio de una junta interventora.
El campo de batalla, esta vez, no es fuera de Venezuela. Es en el país suramericano con las mayores reservas de petróleo del mundo y más específicamente en los tribunales chavistas donde se lleva a cabo esa “batalla” cuyos gladiadores, con toga y de civil, persiguen obtener jugosos beneficios personales, aunque eso signifique para el país más miseria y menos actividad económica.
Un socio de Carlos Vecchio, el embajador en Washington de Juan Guaidó es quien está detrás de las operaciones, que este jueves se concretaron en una decisión del Tribunal Tercero de Terrorismo donde la jueza ordenó que la empresa ICM Proyecto 2001, sea intervenida por una junta AD HOC.
El mismo esquema de Monómeros y de Citgo, que sólo ha representado beneficios económicos para el entorno de Juan Guaidó y compañía.
Sólo que esta vez ayudan en eso jueces y fiscales chavistas.
Pero además quien inicia las acciones judiciales contra la empresa ICM Proyecto 2001 es un individuo que tiene alerta roja de Interpol México.
Se trata de Jesús Pérez Oropeza, empresario vinculado a varios negocios importantes entre Venezuela y Miami, que es quien está reclamando el control de ICM Proyecto 2001.
Es un entramado jurídico, político y hasta familiar que ha sido enredado judicialmente y que en estos momentos quedó bajo el control de un tribunal contra el Terrorismo, algo insólito porque el problema entre socios, devino en esta maniobra.
No se sabe con qué intención porque pareciera ser inminente el levantamiento de las sanciones económicas contra Venezuela, por lo menos en el ámbito de la producción petrolera, debido a la crisis energética que vive el mundo, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania.
En Argentina reside la accionista de una de las empresas afectadas por la acción judicial contra el terrorismo.
No ha querido hacer comentarios sobre el tema. Y con la excepción del abogado de la empresa ICM Proyecto 2001, Alejandro Terán Martínez, nadie quiere hablar del tema porque nadie quiere que alguien se dé cuenta de cómo algunos tribunales del oficialismo, jueces y fiscales, juegan en llave con los funcionarios del gobierno de Juan Guaidó.
Y eso es algo casi que más insólito, que la participación de un tribunal contra el terrorismo en un caso civil puro y simple, que en una maniobra fue trasladado al ámbito penal para de allí terminar en un tribunal contra el terrorismo.
La empresa afectada
ICM Proyecto 2001 es una contratista operadora de Chevrón. Es la que recibe los ataques de Jesús Pérez Oropeza, dice el abogado Alejandro Terán.
Al ser consultado explica que la maniobra judicial persigue la paralización de la empresa contratista.
ICM Proyecto 2001 es una empresa estratégica para la reactivación e incremento de la producción de todas las Petro.
Todos los mejoradores de las Petro los instaló ICM Proyecto 2001 al igual que todas las paradas de planta las hizo esta empresa operadora.
Los mejoradores petroleros se colocaron en la Faja Petrolífera del Orinoco, en todas las Petro: Petro Monagas, Petro Cedeño, Petro Boscán, Petro San Félix y Petro Piar.
Los mejoradores petroleros instalados a lo largo de la Faja del Orinoco, llegaron a producir un millón de barriles diarios.
El sistema de los mejoradores permite sacar el coque y el gas y el petróleo resultante es mezclado con el petróleo liviano y así alcanza los 40 grados API.
Y lo más importante, ese petróleo está adaptado para ser procesado en las refinerías de Citgo en Estados Unidos.
“ICM Proyecto 2001 continuó trabajando a pesar de la pandemia, obtuvo licencia OFAC, sufrió los tratos de la sanciones de Trump pero salió airosa y se colocó nuevamente al frente en los proceso de arranque de la industria petrolera venezolana”, destaca Terán Martínez.
La empresa ICM Proyecto 2001 ha realizado más de 400 obras y tiene más de 2 millones de horas hombres.
Sus equipos y maquinarias son fundamentales en la estrategia para el arranque definitivo de la industria, concluye.
Al ser ICM Proyecto 2001, la contratista que maneja la tecnología para explotar el petróleo de la Faja del Orinoco, al intervenir judicialmente ante un tribunal contra el terrorismo, no sólo se paraliza ICM, se paralizan los mejoradores y las Petro así como Chevrón, por lo que Venezuela no estaría en condiciones de producir el millón de barriles diarios que forma parte de la oferta de tres millones de barriles diarios que Venezuela puede colocar en el mercado norteamericano.
Apoyo a Carlos Vecchio
Jesús Pérez Oropeza, amigo de Carlos Vecchio, ayudó al ahora embajador en Washington del gobierno de Juan Guaidó a escapar de Venezuela, sobre quien pesaba una orden de captura.
Solidariamente no sólo financió los medios para que Vecchio escapara sino que además durante un tiempo cubrió sus gastos en Estados Unidos.
Pero Jesús Pérez Oropeza no informó de esas acciones a ICM Proyecto 2001 y cuando la empresa descubre lo que está ocurriendo realiza las acciones pertinentes para sacarlo de la compañía.
Cosa que logra en el 2019 por lo que Pérez Oropeza recibe la indemnización correspondiente a la adquisición de sus acciones en la empresa.
Terán Martínez, explica que ICM Proyecto 2001 tiene contratos en Venezuela con todas las Petro y con la Chevrón y no quiso ser objeto de sanciones de parte de los gobiernos de Joe Biden y Nicolás Maduro.
Sin embargo Jesús Pérez Oropeza comenzó las acciones judiciales primero en el ámbito civil denunciando una falsificación de su firma en la venta de las acciones, cosa que se probó no era cierta y luego buscó nuevos abogados e inició una nueva acción judicial que pasó del ámbito civil, al ámbito penal y de allí al ámbito del terrorismo.
Todo con el concurso de grupos identificados con las distintas tribus, como la de David, que gobiernan el poder judicial venezolano, entre esas las de la jueza de apellido Sochi, cuya conexión con Maikel Moreno, le costó la presidencia del TSJ al magistrado chavista.
En este caso el tribunal contra el terrorismo está bajo el ámbito de la magistrada trece, como le decían durante la gestión de Maikel Moreno, a la doctora Sochi.
Ahora ICM la empresa contratista que podría hacer arrancar la producción petrolera en la Faja del Orinoco, se encuentra en un limbo jurídico.
Los representantes de la Chevron ya están en Venezuela. Seguramente están al tanto de esta situación pues ICM Proyecto 2001 es una de las contratistas que le presta servicio a la empresa norteamericana, socia junto con empresarios venezolanos en la explotación de petróleo en la Faja del Orinoco.
En pasillos judiciales se señala que se viene una ola de demandas contra las operadoras venezolanas de petróleo, a fin de que la producción petrolera nacional no arranque.
La red se ha tejido desde Washington a través de una serie de demandas que afectan primero, directamente a Citgo, y a la reciente Monómeros y ahora van por las contratistas y operadoras que prestan, o mejor dicho, tratan de prestar sus servicios en Venezuela.
Vendrían más demandas desde despachos de abogados americanos, todo con la intención de llegar a acuerdos judiciales y que sea Citgo la que cancele dichos montos desconocidos por conceptos de demandas que cursan ante los tribunales de la república Bolivariana de Venezuela.
Lo insólito de todo esto, es que no se sabe, si es una maniobra que cuenta con el aval del gobierno de Nicolás Maduro quien al parecer tiene funcionarios “asociados estratégicamente” con funcionarios del gobierno interino de Juan Guaidó o se trata como se dice en el béisbol, de “un robo de bases”.
