Carmen Carrillo
(Buenos Aires).-En el gobierno de Nicolás Maduro aún están en shock a raíz de la decisión del Tribunal Tercero contra el Terrorismo con competencia nacional a cargo de la jueza Renne Garrido, que ordenó la designación de una junta AD HOC sobre una empresa privada.
Mientras en Miraflores y Fuerte Tiuna analizan la situación, toda la industria petrolera se ve afectada por la medida porque impacta a varios sectores.
Y quienes están detrás de la maniobra juegan en las Grandes Ligas y lesionan los intereses del país.
En fin, contribuyen, junto con la estupidez de la gerencia chavista, a hundir más a Venezuela y a sus habitantes en la degradación actual.
ICM Proyecto 2001 fue la que instaló los mejoradores a lo largo de la faja petrolífera del río Orinoco.
Esos mejoradores hicieron que las llamadas Petro, empresas que nacieron por la unión de capital privado nacional, en algunos casos; el Estado en otros casos pero cuyo socio en ambas oportunidades es una empresa extranjera, como por ejemplo Chevron, produjeran un millón de barriles diarios extraído del llamado petróleo pesado de la Faja del Orinoco.
El representante de la Chevrón ya está inscrito en los organismos cúpula del sector petrolero pero no puede gestionar la producción porque ICM Proyecto 2001 es la que está colonizada por una decisión de un tribunal contra el Terrorismo.
ICM Proyecto 2001 no es cualquier empresa. Además de tener experiencia en materia petrolera también tiene experiencia en la instalación de tuberías de gas.
No en vano, trabajó en la instalación del gasoducto de Gazprom, la tubería por la que Rusia surte de gas a Europa.
La paralización de ICM afectaría la producción de válvulas deslizantes, proyecto que ejecuta Petropiar y que es fundamental para la producción.
También afectará las parada de planta de las distintas refinerías nacionales; la producción de tubería de condensados de Petro San Félix; la producción de sellos de refinerías de Pequiven para la producción de urea y las paradas en el complejo de refinación Paraguaná.
Y esa es la empresa que producto de una diferencia entre socios, situación netamente mercantil, devino en una acción penal y de allí a un tribunal contra el terrorismo.
No debería ser nada que preocupe al gobierno ni a nadie, excepto a los socios que además son familia.
Pero todos están involucrados en una situación que tiene en “pico de zamuro” como dirían en el Llano, un millón de barriles diarios de petróleo para atender parte de los requerimientos del mercado norteamericano que atiende Citgo, sobre todo en estos momentos de crisis energética por la guerra entre Ucrania y Rusia.
Lucha entre «las Siete Hermanas»
Eso en el corto plazo. En el largo hay más cosas que decir. Por eso no es un problema entre socios, una pelea de Jesús Alberto Pérez Oropeza sobre quien pesa orden de Interpol México por irregularidades empresariales en ese país, y el resto de los socios, gente de Trujillo.
Detrás de Jesús Alberto Pérez Oropeza estarían las acciones de Carlos Vecchio, el flamante embajador en Washington del “excelentísimo presidente” Juan Guaidó.
Vecchio trabaja afanosamente para que en el país no se produzca ese millón de barriles diarios que colocados en la refinería de Citgo y de allí a las estaciones de servicio, le daría un respiro al presidente Joe Biden y a los demócratas quienes ya tienen el ojo puesto en el horizonte electoral.
Sí. Aunque parezca increíble nuestra oposición que no sirve para nada, y a las pruebas me remito, está involucrada en alta política en los Estados Unidos.
El embajador en Washington, Carlos Vecchio, que adora ver caer las hojas de los cerezos desde su oficina, sirve a los intereses de los republicanos, quienes trabajan aceleradamente para lograr que la Exxon Mobil concrete la extracción de petróleo de la plataforma atlántica frente a las costas de Guyana y a la salida del río Orinoco.
Si el petróleo de Chevron llega desde la Faja del Orinoco, la Exxon Mobil, pierde mercado.
De allí que esa colonización de ICM Proyecto 2001 no es una simple pelea entre socios y familiares. Es una acción de Grandes Ligas.
Pero además hay que agregar que mientras Venezuela no puede obtener ingresos por la venta de ese millón de barriles de petróleo ni puede tocar el oro que convenientemente Inglaterra “entregó” al excelentísimo presidente Juan Guaido, Guyana recibe auxilio financiero de la Exxon Mobil y por supuesto de la “Madre Patria”, porque no podemos olvidar que Guyana fue colonia inglesa y la pelea por el Esequibo nació por el accionar inglés que siempre que abandona una colonia deja un estropicio.
Guyana y Venezuela no sólo se encuentran enredadas en una lucha histórica por la reclamación del Territorio Esequibo sino que Guyana pretende con base a la apropiación de ese inmenso pedazo de tierra que la salida al mar forme parte de su plataforma marina.
Con lo que Venezuela no sólo perdería el rico territorio en reclamación sino la salida del río Orinoco al mar.
¿Qué tal? Por allí por donde hace más de 500 años ingresó Cristóbal Colón en su tercer viaje y descubrió la Tierra de Gracia, sería por arte de bilibirloque y más de 500 años después propiedad de Guyana y no de Venezuela.
Y en esa jugada está inmerso ese ciudadano, quien sirve a los intereses de los republicanos.
