Gabriel Moreno    

No conozco que en la Ley del Trabajo de 1936, y todas las reformas y reglamento  que de ella se hicieron en el país se haya mencionado o conceptualizado el término salario básico.

Luego, cuando esa primogénita Ley del Trabajo, en 1991, adquirió el rango de Ley Orgánica del Trabajo hasta la última versión de ella que data desde el 2012 (LOTTT) tampoco acuñó, al momento de referirse al salario, la denominación salario básico.

De manera que, desde la perspectiva de la ley, en Venezuela, jamás ha existido el llamado salario básico.

He revisado las constituciones habidas desde 1947 hasta la actual (CRBV), y en ninguno de esas leyes de leyes, me he tropezado con la  palabreja salario básico.

En la única ley que he encontrado algo parecido al término salario básico, es  en la ley que regula las jubilaciones de fecha 27 de abril del 2006 promulgada por el entonces presidente de la República Hugo Chávez.

Pero, el artículo 7 de esa ley, se usa el término “sueldo básico”, sólo para los efectos de los cálculos del monto de las pensiones, es decir, para un fin específico, como el señalado, cuestión que en mi concepto, es inconstitucional.     

Indicada la ausencia del término salario básico en las constituciones que ha tenido el país en los últimos 70 años, y asegurando, según mis investigaciones, la no inclusión del mismo en Ley del Trabajo desde 1936, hasta hoy, sin embargo, el salario básico es una realidad viva, como factor de cálculo y pago, de beneficios y derechos laborales, en el marco de las relaciones laborales en el país.   

Las principales convenciones colectivas (no obstante su ilegalidad) tienen plasmadas ese término.

Usualmente se da por entendido el concepto del salario básico como salario mínimo que ha de tener el trabajador, una vez que inicia la relación o contrato de trabajo y el que vaya teniendo en lo sucesivo.

Digamos, si un trabajador inicia la relación de trabajo ganando (caso actual), 130 bolívares mensuales, ese será, según la práctica imperante, su salario básico.

Esa conceptualización es falsa.

Pues sea cual sea, el salario que se le asigne a un trabajador al momento del enganche, él, según la misma legislación laboral, al comenzar a andar la vida laboral, tendrá derecho (mínimo), además del monto del salario pactado, a las alícuotas de utilidades, vacaciones y bono vacacional, días libres y feriados (cuando los hubiese), entre otras, según la realidad que emerja de cada contrato de trabajo o relación laboral.

De manera, que a lo mínimo (básico) a que tiene derecho el laborante, es la totalidad de lo ganado en virtud de la relación de trabajo, es decir, a la integridad de lo que ha ser su percepción salarial según lo pactado en el contrato o relación de trabajo.

Y teniendo el trabajador el derecho a la integridad de su salario, las denominaciones llamadas (incluso por ley), salario normal y salario básico (impuesta por la rutina administrativa/ costumbre) no tienen cabida, ya que a afectan gravemente derechos y beneficios laborales, como herramientas de cálculo y pago, en Venezuela.

Teniendo el trabajador el derecho a la integridad de sus salario, beneficios (digo en la condición de ejemplo), llamados días libres, feriados, bono nocturno, utilidades, vacaciones, bono vacacional, entre otros, han de ser calculados y pagados a salario integral.

Pues los salarios en Venezuela, según la CRBV, gozan de la protección de los principios de la intangibilidad y progresividad. Son derechos adquiridos e irrenunciables. Y son nulos todos los acuerdos, prácticas y rutinas administrativas que los menoscaben o desmejoren.

La única definición válida en el país, en lo referido al salario, es que el mismo, para todos los efectos de cálculos, ha de ser el salario integral, tal como lo define el Convenio 95 de la OIT, el cual según el artículo 23 de la CRBV, es de aplicación directa a que están obligados todos los órganos del poder público nacional.

De acuerdo a los principios normativos de rango constitucional y el Convenio 95, OIT, lo que en Venezuela se entiende por salario básico según la rutina administrativa y las normas y conceptos del salario normal, previstos en la LOTTT, han de ser inaplicables (por inconstitucional). En lugar de ellos, ha de regir el salario integral.

Especial mención he de hacer, a las fórmulas de cálculos de las jubilaciones, pues a través de ellas se ha  cometido y se sigue cometiendo una brutal e inconstitucional injusticia contra los jubilados, ya que a ellos, a la hora de ser jubilados (y causa de esa nefasta fórmulas de cálculo) pierden,  más de 85 por ciento de sus salarios.

Después de tanto trabajar, quedan en la orfandad! Desconociéndoles  que el salario es un derecho adquirido.

Desde el 10 de septiembre de 1982, el salario que ha de emplearse, según el convenio 95, OIT, es el salario integral, a efecto de calcular los derechos y beneficios laborales, incluido las jubilaciones.

Estamos en presencia de un inmenso pasivo laboral! Se ha de recalcular todos los beneficios y derechos laborales, públicos y privados!