La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó esta semana en Ginebra su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, en el que identifica las cadenas de mando presuntamente responsables por crímenes de lesa humanidad.

En concreto, los expertos identificaron a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), señalados por cometer actos de tortura y abuso sexual en contra de prisioneros.

“Las investigaciones de la misión muestran que los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos al azar y desconectados que actuaron solos dentro del SEBIN y la DGCIM. En cambio, la DGCIM y el SEBIN fueron parte de una maquinaria diseñada y desplegada para ejecutar el plan del gobierno para reprimir la disidencia y cimentar su propio control del poder. Este plan fue orquestado al más alto nivel político encabezado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades.”, sentenció la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.

La Misión fue creada en 2019 y su mandato se renovó en 2020 por un periodo adicional de dos años, que culminan este mes de septiembre de 2022.

Durante estos tres años ha investigado las graves violaciones ocurridas en Venezuela, las cadenas de mando responsables de estos crímenes y el rol del sistema de justicia chavista para perpetuar la impunidad.

En su primer informe, divulgado en 2020, la Misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y  no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.

En su segundo informe, publicado en 2021, la Misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos.