Nota de prensa.-El abogado y columnista Robert Alvarado fue demandando por una columna de opinión por el caso de una finca en litigio en el estado Barinas.
En horas de la mañana del lunes los abogados, Jameiro Aranguren y Antonio Lozada en asistencia del conocido editor y columnista de opinión, abg. Robert Alvarado, se presentaron en los tribunales del circuito judicial del estado Barinas.
Ellos son los abogados defensores de Robert Alvarado quien fue querellado por una de las coherederas de la sucesión Moreno Febres, hecho noticioso en el estado Barinas.
Los litigantes presentaron un escrito ante la Corte de Apelaciones de ese Circuito, donde se tramita un Recurso de Apelación de Auto por los apoderados de la querellante, el cual fue inadmitido por incumplimientos de requisitos de procedibilidad conforme al art. 392 del COPP.
Ambos aseguraron que los hechos no revisten carácter penal y que se están vinculando en otras jurisdicciones civiles y agrarias.
Afirmó Aranguren, que su presencia por ante el Tribunal Cuarto de Juicio y ante la Corte de Apelaciones, pretende en nombre de su patrocinado solicitarle a la Honorable Corte que prosiga con el trámite del recurso hasta confirmar la decisión, que el mismo sea desestimado y que el auto interlocutorio de fecha 31 de octubre de 2022 sea confirmado y ratificado.
Además agrega que le sorprende la manera como la presunta querellante involucra a este reconocido columnista y editor, de prestigio en el país, por hacerle seguimiento noticioso a todas las causas judiciales en todos los circuitos del país, civiles, penales, agrarios.
“Todo con el fin encubierto de que no se informe a la colectividad barinesa y del país sobre el caso de la Sucesión Moreno Febres, y que pretenden de una u otra manera silenciar a las partes coherederas con los mismos derechos sobre los bienes, tienen la facultad de expresarse a través de los distintos medios y portales, para el conocimiento e información de la colectividad”, agregó.
Por su parte, Antonio Lozada dijo que el editor y columnista de opinión del respetado abogado Robert Alvarado, es objeto de una querella temeraria, artera y alevosa, “por parte no de los órganos e instituciones del Estado venezolano, sino que la misma proviene de un particular, es decir, una coheredera que mantiene una disputa sucesoral”.
Por ello ante tantos atropellos, violaciones de derechos en la jurisdicción civil, agraria, en las distintas causas que han estado bajo la condición de demandantes o demandados, se requiere la fuerza de la opinión pública para el conocimiento de este hecho notorio, comunicacional, por lo que el colega Robert Alvarado solo ha sido un instrumento y un vehículo de información veraz y responsable en el marco del art. 58 constitucional, dijo.
“Su condición de editor y columnista está protegida y amparada por leyes de la comunicación social para garantizar a la colectividad el sagrado derecho de estar informado”, advirtió.
Por último, Aranguren dijo que espera confiando en las instituciones y en la Corte de Apelaciones, que el acto interlocutorio que decretó el Tribunal Cuarto de Juicio de este Circuito sea confirmada y ratificada su inadmisión por la Corte de Apelaciones.
“Estas acciones obedecen a razones de una fallida interposición en la técnica de la presentación de la querella ante este Tribunal, la cual no es subsanable en esta fase recursiva del proceso, donde se aspira y espera que la misma sea confirmada por esta Corte de Apelaciones, es decir, que el acto temerario, impulsivo, atorrante y desproporcionado de atacar por la vía de una querella simultáneamente a un columnista y editor y a otras coherederas que mantienen aún en vigor causas civiles y agrarias, le demostrarán a la Corte que los hechos que se pretenden presentar como actos constitutivos difamatorios, no revisten carácter penal”, precisó.
La conducta que ha mantenido a lo largo de su ejercicio profesional y su labor informativa, desplegada por el colega Robert Alvarado, siempre ha estado inscrita en actos de responsabilidad en el marco del Estado de derecho y en respeto a las instituciones y a particulares, concluyeron los abogados.
