Elizabeth Fuentes/El Cooperante

Caracas.- Sin duda habrá un final feliz. O justo, por decir lo menos.

El hecho de que el amigo íntimo del ex presidente Hugo Chávez, Alejandro «el tuerto» Andrade, haya sido el testigo fundamental en la acusación contra Claudia Díaz Guillén por lavado de dinero deja una advertencia clarísima a los corruptos de hoy y de siempre: entre bandidos todo está permitido cuando se trata de salvar su propio pellejo.

Gracias al testimonio de su antiguo cómplice, Claudia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, fueron condenados por tres de los seis cargos, luego de cuatro horas de deliberaciones de un jurado federal de 12 personas en la corte de Fort Lauderdale, quienes los hallaron culpables por conspiración para lavar dinero y cargos relacionados derivados de su mandato como funcionaria de alto rango en el administración del difunto presidente Hugo Chávez.

En mayo de este año, la abogada de Claudia Díaz solicitó libertad bajo fianza y detención domiciliaria con un aparato electrónico que impidiera su fuga.

La cifra ofrecida fue de un millón de dólares, pero el juez lo negó por riesgos de fuga.

Para entonces, la ex enfermera de Hugo Chávez fue a la audiencia con traje de presidiaria color azul, algo inimaginable en sus días de Tesorera.

Guardando las formas esta vez, Claudia tuvo que asistir a su juicio bien vestida para escuchar las declaraciones de Andrade narrando como reclutó a su sustituta en el cargo -Claudia Díaz Guillén- para que continuara con el esquema de corrupción que le hizo multimillonario durante sus 4 años como Tesorero de la Republica (vaya ironía), esquema que ella continuó dividiendo las «ganancias» con el propio Andrade.

El testimonio de Andrade contra la ex enfermera de Hugo Chávez forma parte del acuerdo de culpabilidad que firmó con la fiscalía y que le permitió ser liberado luego de tres años en prisión, además de perder más de 260 millones de dólares en efectivo y activos de lujo, como una mansión frente al mar en Palm Beach, vehículos, yates, jets y una hacienda con caballos de salto así como una colección de relojes Rolex y Hublot.

El testimonio de Andrade fue tan convincente, que el jurado deliberó por solo unas horas antes de encontrar a Claudia Díaz y a su esposo y cómplice, Adrián Velásquez, culpables de cinco de los seis cargos detallados en una acusación de aceptar al menos 4.2 millones de dólares en sobornos.

La pareja, que será sentenciada en febrero, enfrenta un máximo de 20 años de prisión por cada uno de los cargos penales, lo que multiplicaría la pena por dos, en el caso de ella y por tres, en el caso del esposo, su cómplice.

 

Claudia Díaz subió al estrado como testigo en su propia defensa durante el juicio de dos semanas y media.

Pero no pudo superar el testimonio dañino de Andrade quien se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero de mil millones de dólares y por el cual solo cumplió tres años de prisión debido a las decenas de acusaciones y delaciones que reveló en su defensa.

En el estrado Andrade se enfrentó a su antigua amiga y socia testificando que reclutó a Claudia Díaz para que continuara con la red de corrupción que él había ideado en 2007 y que consistía en aprovechar el control de cambio impuesto por el gobierno para obtener dólares preferenciales (baratos) que luego vendían a su precio real con la ayuda de casas de bolsas controladas por el gobierno, dinero con el cual volvían a adquirir dólares baratos, lo que les permitió obtener cientos de millones de dólares en ganancias y pagar sobornos a los involucrados.

En el juicio contra Díaz Guillen, por primera vez Andrade habló públicamente sobre el complejo esquema de corrupción que ambos llevaron a cabo basados en los enormes ingresos petroleros que entraron entonces a Venezuela.

En el estrado de los testigos, Andrade detalló cómo Chávez le dio el control total del tesoro nacional, cargo que aprovechó para cultivar relaciones con tres empresarios de casas de bolsa que cambiaban bolívares por dólares «baratos», una operación solo disponible para los altos cargos de las finanzas del gobierno.