Más de 40 muertos son el saldo de las protestas contra el Gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, que acaba de cumplir un mes en el poder. 

El pasado lunes las manifestaciones vivieron su jornada más trágica, en la sureña ciudad de Juliaca, donde fallecieron al menos 17 personas tras choques violentos con la Policía.  

«Las fuerzas de seguridad no están actuando conforme a la ley», subraya Johanna Pieper, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA, por sus siglas en inglés).

En entrevista con DW, la consultora hace hincapié en que el abuso excesivo de la Policía y las Fuerzas Armadas ha llevado a más muertos que días de Boluarte en la presidencia.

«No dejar clima de impunidad»

«Las fuerzas del orden están actuando de manera desproporcionada y desmedida. Un soldado no dispara si no tiene el respaldo de sus superiores», asegura Raúl Tecco, director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, en Perú.

En opinión del entrevistado, persiste la idea de que las protestas son un «acto subversivo o terrorista, producto de Sendero Luminoso».

Asimismo, dice, la violencia policial evidencia «un desprecio que oculta el odio y el racismo soterrado que se vive en el país, porque casi todos los muertos son de ascendencia andina y de origen indígena».

Por su parte, Robert Helbig, representante de la Fundación Konrad Adenauer, en Perú, insiste en la necesidad de «identificar plenamente a los responsables de los excesos y que éstos reciban una sanción ejemplar para no dejar un clima de impunidad».

¿Solución a corto o largo plazo?

Las exigencias de los manifestantes no se pueden resolver a corto plazo, cree Johanna Pieper: «Si Dina Boluarte reunciara ahora, el país se gobernaría por el presidente del Congreso, que tiene hasta más desaprobación que el Ejecutivo. Las elecciones no se pueden adelantar para 2023 por temas de logística y organización. Además, existe el peligro de que la oferta política sea la misma que en la elección de 2021. Finalmente, no se puede liberar a Pedro Castillo hasta que terminen las investigaciones» en su contra por el fallido autogolpe de Estado.   

Policías se enfrentan a manifestantes en Juliaca.

Los choques entre fuerzas de la seguridad y manifestantes antigubernamentales han dejado más de 40 muertos en Perú desde diciembre de 2022.

A fin de desescalar la violencia, la experta del GIGA propone que el Gobierno peruano dialogue con los manifestantes e investigue los abusos policiales.

«Dina Boluarte, hasta ahora, niega que el Gobierno y las Fuerzas Armadas generan violencia. Igualmente, el primer ministro, Alberto Otárola, no reconoce el abuso policial y responsabiliza a los manifestantes y al exgobierno de Pedro Castillo», insiste.

Raúl Tecco está convencido de que «las propias normas y leyes ya fueron rebasadas. Ya no se puede seguir pensando en una salida estrictamente legal y constitucional.

Se necesita mucha voluntad política para poder salir de esta crisis sumamente grave», dice a DW.

El director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert señala que el país necesita un acuerdo político que incluya la renuncia de la Presidencia y del Congreso, «que debería nombrar a alguien que transitoriamente pueda gobernar en los próximos tres meses, antes de que se realice una elección».

Gestos de «empatía» y «solidaridad»

Robert Helbig, de la Fundación Konrad Adenauer, no excluye que la pacificación de Perú sea posible en el corto plazo, «si los políticos logran comprender las demandas sin deslegitimarlas y dejando de lado sus intereses personales para poner al país como prioridad».

En su opinión, «se necesitan gestos políticos contundentes, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para apaciguar los ánimos, demostrando empatía y solidaridad por la pérdida de vidas». (rml)