Los usuarios y ciudadanos en general comienzan a sentir el látigo que la alcaldía de Caroní está aplicando a fin de lograr que todo el mundo acepte las trarifas que la empresa recolectora de basura, de nombre Fospuca, cobra para prestar el servicio.
Vía Televen, se conoció que una usuaria fue a cancelar el servicio eléctrico, Corpoelec, empresa nacional y se encontró con que si no paga el servicio de aseo urbano, de ámbito municipal, no podrá pagar la luz, por lo tanto se va a quedar sin suministro eléctrico.
Las explicaciones dadas hasta ahora por el alcalde Tito Oviedo y los concejales, tanto del gobierno como de la oposición, han sido pco claras o simplemente han brillado por su ausencia.
Por allí sigue en una lucha el ex concejal, ex vicepresidente de Cámara y ex diputado, Simón Yegres.
Junto a él, una representación de la sociedad civil, que se expresa a través de ONG’s (las que aun están operativas, hasta que entre en vigencia la nueva Ley aprobada por la AN), intenta ante los tribunales, obtener un Recurso de Amparo para beneficiar al colectivo, pero si la memoria no me falla, los recursos de amparo, son de carácter unipersonal, pero ojo no soy abogada así que puedo estar equivocada.
Yegres precisa que se persigue detener el proceso que se ha tratado de imponer para pagar el servicio de recolección de basura. No pedimos rebajas. Tiene que pararse y derogarse el sistema tarifario, reitera.
Mientras el concejal por AD y me parece que suplente, José Ríos, dice que existe hermetismo entre la municipalidad en cuanto a la transparencia de los términos logrados con la empresa contratada para recoger la basura.
Llaman la atención dos cosas: Primero, ahora nadie menciona Fospuca; debe ser que todo el mundo espera que la empresa anuncie con ellos o, a través de las tan famosas fundaciones, la empresa de Simón Elarba, realice donaciones.
Y segundo, nadie cuenta que a Fospuca, la trajeron los amigos concejales y diputados por partida doble, en el Cleb y en la AN («difunta»), de Juan Guaidó, los de Primero Justicia y AD, no judicializados, es decir los que no son de José Brito y Bernabé Gutiérrez.
Es decir, los de la «oposición» o de la «opoficción» como le dicen llos cubanos de la calle 8 de Miami, los que se identifican con los republicanos de Donald Trump.
Al parecer, la empresa contrato un staff de pitchers y son ellos los que van llevando el proceso con el alcalde, los concejales y las tarifas.
Ojo, todos, sin excepción van a los partidos y miran lanzar las bolas del hombre que está en la lomita.
O sea pues, hay pocas posibilidades de que la ciudadanía pueda lograr alguna reconsideración con el costo de las tarifas.
Al final puede ocurrir que nadie pague porque no alcanza y Fospuca termine con las patas quebradas. Amanecerá y veremos.
