Lo cierto del caso es que en Perú la estabilidad política es un sueño. Esa nación sureña, cuna de una de las civilizaciones más antiguas del continente, creadora de Machu Pichu, de las líneas de Nazca y de tantas otras maravillas que la humanidad considera únicas, no consigue romper el círculo en el que -dicen los que conocen la realidad peruana- los sumió el fujimorismo desde que el chino del tractor llegó al poder en la década de los 90, cuando derrotó en esa oportunidad a Mario Vargas Llosa.
Luego del golpe de Estado contra Pedro Castillo, a finales del año pasado y la toma del poder por parte del Congreso, todas las instituciones comenzaron un proceso de pérdida de legitimidad.
La situación ha provocado la muerte de más de 70 personas y que Dilma Boluarte, asumiera la presidencia de la república. Pero ella no logró que el Parlamento peruano, manejado por el fujimorismo adelantara las elecciones como lo pidió.
Ahora una encuesta indica que el Congreso peruano tiene el rechazo del 90 % -el nivel más alto desde que inició el mandato- mientras que el rechazo ciudadano a la presidenta Dina Boluarte subió del 76 % al 77 %, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) divulgada este domingo, dice un despacho de DW Actualidad.
El sondeo, elaborado entre los días 18 y 22 de febrero, revela que solo 6 % de la población respalda el trabajo de las bancadas legislativas, quienes rechazaron este mes cuatro mociones que planteaban un adelanto electoral, uno de los reclamos principales de las protestas antigubernamentales que estallaron en diciembre de 2022 y suman un saldo de 70 personas fallecidas.
El rechazo al Parlamento sube hasta el 95 % en el sur del país, reducto de las movilizaciones sociales que además piden la renuncia de Boluarte y la convocatoria a una asamblea constituyente.
La mandataria, por su parte, tiene 77 % de desaprobación, una cifra que escala al 86 % también en la zona sur del territorio nacional.
Asimismo, la encuesta de IEP muestra que 69 % de la ciudadanía peruana cree que al país le conviene celebrar elecciones generales en 2023, mientras que 19 % defiende que haya comicios en 2024 y solo un 8 % considera que el Ejecutivo y el Legislativo deben terminar sus mandatos en 2026.
En ese sentido, siempre según la encuesta, 73 % de las personas exige la renuncia de Boluarte y 25 % cree que debe mantenerse en la Presidencia.
La jefa de Estado, quien asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022 tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), ha reiterado en varias ocasiones que su renuncia «no está en juego» al considerar que esta no es la solución a la crisis social y política por la que atraviesa el país andino. ama (efe, la república, iep)
