Nota de Prensa Guayana Libre.-Los diputados Héctor Barrios y José Márquez de Guayana Libre del Consejo Legislativo del estado Bolívar, vuelven a solicitar la creación de una subcomisión para escuchar a los afectados por las impagables tarifas de Fospuca.
Insisten los parlamentarios en que la sociedad civil, los gremios, los comerciantes y por supuesto los representantes de la alcaldía de Caroní y Fospuca, expongan sus posiciones a fin de buscarle una salida a una crisis que a juicio de ellos, ha sido creada por la terquedad del alcalde de Caroní.
Creen que es imperativa esa acción sobre todo a la luz del último hecho ocurrido el pasado martes, cuando una representación de la Sociedad Civil, de una Asamblea de Ciudadanos, intentó entregar un documento, pidiendo la derogatoria del decreto 008/2022, por el que Fospuca cobra las tarifas difíciles de cancelar por la actual situación económica de la región.
“Pensamos que la situación debe explicarse ante la plenaria o ante la Comisión de Permanente de Economía, Finanzas, Planificación, Contraloría y Servicios públicos del CLEB”, advierten los parlamentarios.
Los diputados sostienen que ante una agresión de colectivos violentos coordinados y dirigidos por funcionarios de la alcaldía de Caroní, es necesario que una instancia superior como el Cleb, para evitar enfrentamientos como el del martes 7 de marzo frente a la sede la alcaldía de Caroní donde resultaron golpeados y heridos el diputado Hendryck Martínez y una docena de miembros de la comisión organizadora de la Asamblea de Ciudadano.
Piden abrir una averiguación y establecer las responsabilidades de la agresión contra los comerciantes, vecinos y diputados, donde funcionarios de la alcaldía de Caroní dirigían, supuestamente, las acciones violentas contra un reclamo justo.
El historial de los conflictos originados por las altas tarifas de la empresa Fospuca en todo el país, como Barquisimeto, Anzoátegui, Miranda, Barinas, El Tigre hace pensar que se trata de un plan en comandita nacional de dicha empresa con alcaldes que pretenden cubrir su déficit presupuestario, en una voracidad fiscal que hace impagable este servicio, cuya cancelación está siendo exigido con medidas extorsivas por parte de la alcaldía de Caroní y la empresa Fospuca, concluyeron.
