Ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Bolívar, a cargo en ese momento de Luis Alfredo Roa, fue introducida en octubre del año pasado una denuncia contra un grupo de personas que viven de un terreno baldío situado en la avenida Atlántico, frente al Centro Comercial Atlántico.

Y se dice viven porque todos los meses cobran algún tipo de cuota para realizar algún tipo de mantenimiento, trabajo o acción pero ni las obras se ven ni la plata aparece.

Serían cerca de 60 mil dólares los perdidos desde el 2022 hasta esta fecha.

Los terrenos tienen una extensión de 37 hectáreas, propiedad en un principio de una institución financiera local pero que fue expropiada por el Estado.

El Banco ha luchado hasta el cansancio para recuperar su inversión y al final optó por llegar a un acuerdo y quedarse con cerca de 7 hectáreas sobre las que será construido un centro comercial.

El resto de las hectáreas, casi 30, son las que usufructúan un grupo de personas que dicen representar los intereses de la Asociación Civil para la Solución Habitacional de Trabajadores y Trabajadores de las Empresas Socialistas de Guayana y Poder Popular (Asoctraemsgpop).

Ahora los asociados que aún resisten, porque esto se ha  convertido en una carrera de resistencia, acudieron ante el Ministerio Público para pedir justicia puesto que no tienen casa como han podido demostrar pues es uno de los requisitos vitales para ser miembro de la Asoctraemsgpop, han pagado todo lo que los directivos han pedido para los trámites y no hay casas, no hay urbanismos y no hay ni un dólar de lo pagado en ninguna parte.

El cuento de nunca acabar

En septiembre del año pasado los vecinos decidieron hacer una asamblea para cambiar al presidente y a otro de los directivos que son los que se mantienen desde hace 18 años al frente y son quienes han cobrado cada mes por algún tipo de obra en el terreno, pero ni hay obra ni hay plata.

Lo más insólito es que muchos de estos directivos que tienen años dirigiendo la asociación ni siquiera son trabajadores de las empresas básicas.

A menos que sean de ese grupo que con la pandemia enviaron a su casa, y aunque siguieron cobrando nunca más volvieron a trabajar y prefieren eso: Estar como prejubilados para poder “atender” el trabajo de la asociación y las obras.

Se pretendía en la asamblea cambiar a Ysmael Coa, eterno presidente de la asociación; así como a Luis Rivas.

Aproximadamente 18 años tienen esperando quienes forman parte de la asociación. El terreno donde siempre han prometido que les van a hacer casa, está exactamente igual como hace 18 años.

Durante ese tiempo les han pedido aportes porque se iba a hacer una casa modelo pero la casa modelo no existe.

La última vez que les dijeron eso, fue cuando recogieron 60 mil dólares, aun cuando ya la directiva estaba vencida.

De 24 directivos, sólo dos, Ysmael Coa y Luis Rivas son los que actúan; los otros 22 directivos terminaron abandonando porque se cansaron de todos los embrollos de estos dos ciudadanos.

Al final los integrantes de la Asociación, terminaron trabajando por su cuenta y realizando los trámites legales pertinentes, con el apoyo de un abogado que les hizo todo el conjunto de acciones legales.

Los vecinos de la asociación hicieron entonces una asamblea de ciudadanos, se escogió nueva directiva y se reformaron los estatutos, se protocolizó el acta y el abogado terminó como directivo debido a su trabajo.

Pero ahora al abogado, Pedro Sucre, está a punto de intimar por honorarios pendiente.

Cuando la  nueva directiva comenzó a poner en práctica los nuevos estatutos, los dos directivos, Ysmael Coa y Luis Rivas, se opusieron.

El coordinador de finanza, renunció pero tuvo que hacer un acta de entrega donde dejó constancia que a pesar de que se habían recogido 60 mil dólares para realizar obras, urbanismos, y avances, dejaba las arcas vacías.

Luego los integrantes de la asociación, no los directivos, designaron una comisión auditora, electa en asamblea para ver en qué se habían gastado los 60 mil dólares.

Aquí fue cuando Ysmael Coa hizo valer su fuerza porque impidió que se eligiera la comisión auditora y trajo por lo menos unos 60 malandros para asustar a  los integrantes de la asociación.

Pero, a pesar de eso,  la asamblea se hizo, y también la denuncia se hizo ante el ministerio público.

Ya casi terminan de declarar las personas afectadas, para que sean imputados los que se robaron los reales

Los integrantes de la asociación están cansados de ser estafados por eso exigen que Ysmael Coa y Luis Rivas, rindan cuentas.

En estos momentos cerca de 20 malandros “cuidan” el terreno que no es propiedad del Banco o de los integrantes de la Asociación porque fue expropiado por el Estado pero todos han acudido ante los organismos competentes y han cumplido con los requisitos que exige el Estado para permitir la construcción de viviendas.

De esas 37 hectáreas, casi 30 serían para el desarrollo habitacional y el resto para un centro comercial. Sólo esperan lograr la adjudicación por el Intu.

El detalle está en que esas hectáreas son cuidadas por como 20 malandros.

Ahora esperan que el ministerio público actúe y ponga orden en una situación que afecta a familias y a trabajadores de las empresas básicas de Guayana.

Sólo piden el terreno. De lo demás se ocupan ellos pero es necesario, dicen en el escrito denuncia presentado en la Fiscalía Superior del estado Bolívar en Puerto Ordaz, que haya orden y justicia y que quienes se llevaron o desaparecieron esos 60 mil dólares, los devuelvan.

Carmen Carrillo