El juez federal Julián Ercolini pidió hoy informes a 45 dependencias del Estado, incluidos sus ministerios y secretarías, para que les remitan todas las pólizas de seguros contratadas con Nación Seguros mediante los brokers supuestamente cercanos al expresidente Alberto Fernández. Solicitó también que unas 28 compañías aseguradoras remitan las pólizas emitidas merced a esas contrataciones intermediadas por los sospechosos.

Estas medidas de prueba son complementarias a las realizadas el lunes, cuando el juez allanó las casas y oficinas del broker Héctor Martínez Sosa, allegado al expresidente Alberto Fernández –y esposo de su histórica secretaria privada, María Cantero–; de Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, y del empresario Pablo Torres García, todos investigados en esta causa. Allí secuestró teléfonos, computadoras y documentación que está siendo analizada.

Ercolini reúne las tres denuncias que se presentaron en torno a este escándalo: la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la de la abogada Silvina Martínez y la de la Coalición Cívica.

En este expediente, la hipótesis que se investiga es que a partir de un decreto presidencial que ordenaba al Estado contratar con Nación Seguros las pólizas, intervino Martínez Sosa, un broker allegado a Fernández, que cobraba millonarias comisiones.

Martínez Sosa es considerado como el mayor productor de seguros del país, con operaciones multimillonarias, y auspicia con sus publicidades un auto argentino que corre en la categoría IndyCar, en Estados Unidos.

El juez Ercolini dispuso también pedir informes sobre los vínculos con los brokers a 45 dependencias oficiales. Son el Servicio Geológico Minero Argentino, el Estado Mayor General de la Armada, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG) SA, Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef), Radio y Televisión Argentina S.E., la Secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima, Corredores Viales S.A., la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A, la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA), la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Secretaria de Turismo, Ambiente y Deportes (ex-Ministerio de Turismo y Deportes).

También a la Termoeléctrica José de San Martín S.A, al Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Seguridad de la Nación, al centro de Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (Invap), a Belgrano Cargas y Logística S.A., a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, al Ministerio de Economía de la Nación, a la Fundación ArgenINTA, al Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”, y a la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat).

Por último, requirió esos datos de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a la Superintendencia de Servicios de Salud, la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Energía Atómica, Gendarmería Nacional Argentina, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Casa de Moneda, el Fondo Nacional de las Artes, el Ministerio de Capital Humano, el Tribunal de Tasaciones de la Nación, Dioxitek S.A, la Colonia Montes de Oca, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (Arsat), Pampa Energía S.A, el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (Cedyat) y la Administración General de Puertos S.E.

Asimismo, el juez envió 28 oficios a empresas aseguradoras para que les envíen las pólizas relacionadas con dependencias del Estado que contrataron mediante estos brokers investigados. Ya contestaron 26 de las empresas, aún antes de que se venza el plazo para hacerlo.

Ercolini recibió de Nación Seguros una nómina de empresas aseguradoras que intervinieron en la asignación de pólizas en créditos otorgados por la Anses y por ello ordenó esa medida para recabar información, más allá de los dos imputados de ese rubro que ya tiene la causa, Martínez Sosa y Torres García.

Ya declaró como testigo en el expediente el actual Superintendente de Seguros Guillermo Pedro Plate, que no dio información saliente para el caso, y está siendo citado el extitular de la Anses Osvaldo Giordano, que fue quien destapó el caso cuando se negó a pagar una comisión de 1700 millones de pesos a brokers que tenían las pólizas.

Eran asegurados cautivos, ya que el Estado debía contratar con Nación Seguros y se hacía a través de estas personas, ahora investigadas.

Tras el escándalo, la Anses confirmó este miércoles que volverá a implementar el “autoaseguro” para cubrir los riesgos de los créditos que otorga a jubilados, pensionados y trabajadores.

El cambio se implementó luego de la denuncia del Gobierno contra Federico Alejandro D’Angelo Campos, el exdirector general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, y de la imputación, por parte del fiscal Ramiro González, al expresidente Alberto Fernández.

 “En el marco de la Resolución 42/2024 publicada en el Boletín Oficial, se determinó la implementación del esquema de autoaseguro a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para los Créditos Anses otorgados a jubilados, pensionados y trabajadores, en reemplazo de la cobertura brindada por Nación Seguros S.A., cuyo contrato Anses dejó sin efecto”, publicó el Gobierno esta mañana en la página del organismo en cuestión. Diario La Nación, Argentina