Ciudad Bolívar.- La exigibilidad de los derechos fundamentales, el deterioro del salario, normativas legales, además del sistema internacional de protección en derechos humanos, fueron parte de los aspectos tratados en el taller “Herramientas para la Exigencia de los Derechos en Tiempos de Crisis Salarial” realizado en la Casa del Educador en Ciudad Bolívar.

Este encuentro estuvo organizado por la Federación Venezolana de Maestros del estado Bolívar conjuntamente con la ONG Provea, y contó la participación de varios ponentes vinculados al área sindical, jurídico, laboral y derechos humanos.

La presidenta del gremio del magisterio, doctora Lina Maradei de Beltrán, se encargó de presentar a los ponentes, y destacar la importancia de este taller que viene a fortalecer al sector con los mecanismos necesarios en función de sus derechos.

“Los educadores viven en precarias condiciones por el alarmante deterioro salarial, llevándolo a extremas privaciones de la pirámide de Maslow. Y hablar de las bonificaciones impuestas, es hablar de sal y agua, que llevan a la migración magisterial”, dijo.

Este encuentro contó, también, con la presencia de los presidentes de sindicatos del magisterio y de los distintos municipios del estado Bolívar, entre ellos Eradio Armario, Aixa Viera, Yerina Martínez, Saúl Machado, Milagros Pérez, y otros.

Presentando sobre la mesa el ya conocido panorama desolador en materia salarial, Luis Crespo, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, enfatizó en la desalarización del trabajo en un país, donde la brecha de la desigualdad se amplia.

“El deterioro del salario ha destruido la capacidad de la carrera docente en poder potencial a las generaciones futuras del país”, dijo.

Destacó el caso de las universidades, en especial de la UCV, donde el tema de la investigación y la docencia, ha sido trastocado, fundamentalmente por los precarios salarios de los docentes.

Ya son 730 días, dos años, con el mismo salario mínimo, frente a una galopante inflación, que pulverizó el salario.

Crespo señaló que los gremios universitarios, al igual que el resto, se han mantenido exigiendo salarios, por su incidencia sobre las reivindicaciones y contrataciones colectivas.

“Bono no es salario, y bono debilita el sistema de protección y previsión social”, dijo.

Con este encuentro sindical, donde confluyeron gremios y sindicatos de diversos sectores laborales, manifestó su acompañamiento en la necesidad de plasmar el impacto que tiene, tanto en el magisterio como en el sector universitario y otros, la destrucción del salario y definir estrategias unitarias para lograr recuperar este beneficio.

200 dólares salario mínimo

Destacó la propuesta de 200 dólares de salario mínimo que se mantiene en la mesa, presentada por las principales centrales de trabajadores del país.

Se trata de una propuesta de arranque dentro de una política de recuperación del salario que permita ir avanzando en el poder de recuperación de compra.

Explicó que esto tendría una incidencia en la escala salarial, por ejemplo de un profesor instructor que hoy recibe 9 dólares de salario, pudiera pasar a 700 dólares, y un titular que percibe 15 dólares pasaría a 1.200 dólares, “que no sería lo ideal, ya

que los salarios de profesores universitarios en América Latina ronda los 2.900 $, aproximadamente”.

Dijo que todos los trabajadores, universitarios y otros, son víctimas del pluri-empleo para poder satisfacer sus necesidades, además del éxodo de profesores.

“Hoy, ¿quién quiere ser docente universitario con esos salarios destruidos?”.

Eduardo Torres, defensor derechos humanos y miembro del equipo jurídico de Provea, celebró este encuentro donde se compartieron conocimientos en la región de Bolívar que tiene experiencia en la lucha de los derechos humanos laborales, y

donde se hicieron reflexiones para cuidar la libertad personal, por supuesto exigiendo respeto al artículo 44 de la CRBV.

Torres no solo pidió mantener exigiendo la libertad de quienes estar detenidos, al tiempo que “llamamos a todos los dirigentes sindicales y sociales a mantenerse en la defensa de unos derechos que son constitucionales.