En 13 estados de Venezuela hubo saqueos

0
347

Días y noches a oscuras. Familias con hambre y sed. Alimentos descompuestos en las neveras. Personas incomunicadas.

Y ciudadanos caminando para surtirse de agua incluso del Río Guaire, que es la principal corriente de aguas negras de Caracas.

Estas son solo cinco escenas de muchas que han vivido los venezolanos en más de 100 horas desde que se registró el apagón en el país el 7 de marzo.

Una semana después en 13 estados de Venezuela se reportaron saqueos, siendo el Zulia el que tuvo más pérdidas que rondan los 50 millones de dólares. Esto de acuerdo al reporte del Observatorio Venezolano de Conflictividad.

Tres expertos en derechos humanos entrevistados por HispanoPost advierten que los venezolanos enfrentan el apagón nacional sin que el Estado les garantice la protección a una vida digna.

La abogada Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, en lugar de enumerar cuáles han sido los derechos humanos que se han violado durante la peor crisis que ha tenido Venezuela, explica que los derechos humanos están interrelacionados entre sí.

“La lista es bastante larga. Todo lo que implicó el blackout que hubo en estos días derivó en la afectación de derechos económicos, sociales y culturales, principalmente el derecho a la salud.  Todavía hay gente con más de 130 horas sin luz y sin que haya una respuesta por parte del Estado. Pese a que en algunos estados y sectores ya hay luz, no hay agua, debido al colapso en el área eléctrica”, destaca Romero.

La defensora de derechos humanos advierte que en casos de emergencia como la actual en Venezuela debe existir una respuesta gubernamental seria: “El gobierno debió dar una respuesta inmediata y distribuir agua y alimentos. Además de las afectaciones al acceso de información pública, aún persiste la limitación a la movilidad, pues todas las camionetas de transporte no están prestando servicio y, en el caso de la capital del país, el Metro de Caracas aún no funciona”, precisa.

Caos en medio de la emergencia humanitaria

Los especialistas entrevistados advierten que el apagón nacional se registra en medio de una emergencia humanitaria compleja.

El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, refiere que la crisis por la que atraviesa el país se debe a que la administración de Nicolás Maduro no había tomado las medidas necesarias en las áreas más vulnerables.

“En los hospitales, por ejemplo, se tuvieron que habilitar plantas eléctricas como es el caso del hospital JM de Los Ríos. Eso demuestra la incapacidad que existe poder brindar los servicios mínimos a los más renegados. Es necesario recordar que en septiembre de 2018 la ONU declaró que el país atraviesa una emergencia humanitaria compleja”, señaló.

Represión y actuación de los colectivos

Al director de Acceso a la Justicia le preocupa la actuación de los civiles armados: “Una de las cosas más graves que ha ocurrido durante el apagón es la confesión de Maduro dándole órdenes directas a los colectivos, en una cadena de radio y de televisión transmitida el lunes 11 de marzo, para que defiendan la revolución. Esto es prueba de la vinculación directa del gobierno con la acción de estos grupos de paramilitares. Estos civiles armados atentan contra la vida de los manifestantes, por ello hacemos un llamado a la Corte Penal Internacional para que tomen nota de esta situación”.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social hace énfasis en la violación sistemática de los derechos humanos en todo el contexto de protestas vinculadas con el apagón.

“La violación de derechos humanos en nuestro país sigue siendo sistemática. Aunque en estos momentos hay observación internacional, estamos viendo el accionar de los colectivos de manera abierta y con total impunidad. En Caracas se ha visto en las convocatorias de la oposición, y en los hechos donde los colectivos han disparado a quienes han manifestado en La Candelaria, San Martín y en Chacao”, puntualiza el coordinador de la organización, Marco Antonio Ponce.

Ponce explica que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha documentado cómo vecinos de varias regiones, como por ejemplo de la parroquia Caricuao, en Caracas, han sido reprimidos por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional por protestar.

Pese a que los saqueos no son violaciones de derechos humanos, la organización que representa Antonio Ponce refiere que en al menos 13 estados del país se han registrado, siendo el estado Zulia la región con más reportes.

“Los saqueos son un tipo de protesta violenta y que desde el Observatorio rechazamos. No se puede justificar la existencia de derechos activando la violencia. Son un delito. No es una violación de los derechos humanos porque es el Estado que los viola. Pero si vamos al análisis, entendemos que  son resultado de la desesperación, el hambre y la impunidad que hay en el país”.

Detenciones arbitrarias y desaparición forzada

La escena de la imagen de la detención del periodista y activista de derechos humanos Luis Carlos Díaz, cuando manejaba bicicleta desde su trabajo hasta su lugar de residencia, le dio la vuelta al mundo.

Estuvo 30 horas preso en la policía política de Maduro, el Sebin. Y, cuando se habían cumplido 18 horas de su detención las autoridades de la Fiscalía General de la República aseguraban que no sabían del paradero del comunicador social, lo cual apunta a la comisión de uno de los delitos más graves establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano: la desaparición forzada de periodistas.

Antes de confirmarse que Díaz estaba preso, la organización de derechos humanos Proiuris advirtió en una nota publicada en su web que para que se configure el delito de desaparición forzada de personas no es imprescindible que transcurra largo tiempo sin saber del paradero de la víctima.

La ONG apuntó que el delito está establecido en el artículo 181-A del Código Penal, que establece: “La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio”.

No olvide ver nuestros reportajes en: www.hispanopost.com