La libertad de expresión en Venezuela fenece de mengua. El gobierno ha secado todas las posibilidades de financiamiento por la vía de la publicidad y si se trata de la propaganda que el gobierno coloca en los medios de comunicación que han jurado bajo un puño de cruces ser absolutamente leales, la pagan cuando les da la gana y como les da la gana.
Por supuesto eso no lo aguanta ningún cuerpo y terminan buscando financiamiento afuera, sólo que como siempre los favorecidos son pocos porque de lo que se trata es de sobrevivir.
Ahora, siempre generan suspicacia esos financiamientos externos que se hacen desde el punto de vista político para defender la libertad de expresión, algo políticamente correcto pero el gobierno es experto en verle las tres patas al gato porque así llegaron ellos: Diciendo una cosa y haciendo otra.
Y eso es exactamente lo que invoca el gobierno cuando acusa al Reino Unido de iniciar un nuevo proyecto de promoción del periodismo de investigación en América Latina que cubre furtivamente a Venezuela, publicó Daily Maverick.
El proyecto, lanzado el verano pasado destinado a “influir” en la agenda de los medios en el país, sigue una larga historia de que el Gobierno británico utiliza el periodismo como herramienta de influencia, publicó Contexto Diario.
Los programas de la WFD en el país están envueltos en secreto debido a las aparentes preocupaciones sobre la seguridad de su personal, aunque su representante en el país anuncia su afiliación a la organización en línea.
Se afirma que el objetivo del nuevo proyecto de periodismo del fondo es la creación de una “nueva plataforma que fortalezca la organización de los medio en toda la región y proporcione a los periodistas una plataforma en la que puedan colaborar y construir historias regionales”.
La literatura del programa señala que los solicitantes seleccionados deben demostrar “una capacidad para vincularse y, en última instancia, influir en las agendas de los medios de comunicación locales y nacionales”.
Pero se les advierte que “el gobierno británico – y su dotación de recursos del proyecto – no debe ser referido expresamente o vinculado a los resultados individuales del proyecto (es decir, artículos individuales, eventos, etc.)”.
Dirigida por la embajada británica en Bogotá, Colombia, la convocatoria de solicitudes señaló que las ofertas exitosas comenzarían en agosto de 2020. Desde entonces no ha habido una actualización pública, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores le dijo a Declassified que había habido retrasos debido a la pandemia de coronavirus.
En el anuncio público, se recomienda a los solicitantes que hagan un presupuesto de hasta 250.000 libras esterlinas (340.275 dólares) para sus proyectos, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores le dijo a Declassified: “Actualmente no es posible confirmar qué presupuesto estará disponible para este proyecto”.
Las repetidas preguntas de Desclasificados sobre el proyecto a sus dos coordinadores en Bogotá quedaron sin respuesta. Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores le dijo a Declassified: “Es inexacto combinar este llamado a licitación con la posición del Reino Unido sobre Venezuela, que no ha cambiado. Queremos ver una transición democrática con elecciones libres y justas en Venezuela”.
Sin embargo, la documentación de CSSF publicada tres días antes del anuncio describía el mismo programa con la adición de Venezuela en su título. La inclusión furtiva del país parece reflejar la reticencia del Ministerio de Relaciones Exteriores a publicitar su mayor participación en Venezuela.
El resumen de otro programa de CSSF, nuevamente en Colombia para el año que finaliza en marzo de 2020, incluye la recomendación de “involucrar” a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores “sobre opciones para desarrollar programas de CSSF en Venezuela”.
Un anuncio de trabajo de septiembre de 2019 para un gerente de programa CSSF en Lima, Perú, señala que el candidato seleccionado trabajará “con colegas en Colombia, Panamá y, potencialmente, Venezuela”.
Declassified reveló recientemente que la CSSF ha gastado 450,000 libras esterlinas (612.450 dólares) en la creación de una coalición antigubernamental en Venezuela, nuevamente agrega furtivamente el proyecto a un programa existente centrado en Colombia y comenzando en 2019.
Guerra informativa
Declassified reveló recientemente que una unidad secreta de propaganda de la Guerra Fría, llamada Departamento de Investigación de la Información (IRD), intentó evitar que el socialista chileno Salvador Allende ganara las elecciones presidenciales de 1964 y 1970.
Los archivos desclasificados también revelan que durante la dictadura brasileña de 1964-1985, el IRD “cultivó asiduamente” a uno de los principales editores de izquierda de Brasil, Samuel Wainer.
Aunque la unidad se cerró en 1977, han seguido con el patrocinio a proyectos periodísticos en América Latina.
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