Madres de indígenas privados de libertad se oponen a traslados hacia otros estados

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(Nota de prensa Kapé Kapé)  Un grupo de madres y familiares de indígenas privados de libertad en varios sitios de reclusión de Puerto Ayacucho, denunciaron el traslado de sus hijos a cárceles ubicadas en otros estados del país, alegando que esto les generaría dificultades para poderlos visitar y atenderlos por lo alejado de esta región del país.

Eleodora López, indígena del pueblo curripaco y yeral, dijo a Kapé Kapé que su hijo Lewis Enmanuel Querebi López, fue trasladado junto con otros privados de libertad desde Puerto Ayacucho a un recinto, del cual desconocían su ubicación a más de 48 horas de su transferencia.

Denunciaron que a sus familiares no les permitieron recoger ninguna de sus pertenencias. Les preocupa la suerte que puedan tener en la cárcel a donde fueron llevados, ya que ellos eran quienes les suministraban la comida y las medicinas cuando estaban recluidos en Puerto Ayacucho.

López manifestó su gran malestar y desesperación por la medida tomada por las autoridades, ya que diversos voceros políticos y representantes de elección popular les habían manifestado que sus familiares no serían trasladados a cárceles fuera del estado Amazonas, decisión que fue tomada en el marco de las acciones de la Comisión Especial para la reestructuración del sistema de justicia que buscar solucionar el hacinamiento y retardo procesal en centros de prisión preventiva del país.

Además de Querebi López, fueron trasladados Leonel Sánchez, del pueblo jivi, Estéfano Anija, del pueblo uwottuja, Jesús Ceballos, Orlando Ortega, de 66 años de edad, Alexander Camico y Juan Flores.

Las madres y los familiares de los privados de libertad solicitaron ante tribunales penales del circuito judicial del estado Amazonas un recurso de amparo para que sus seres queridos sean devueltos a la entidad y cumplan en la región la pena que les fue impuesta por el delito cometido.

Mientras tanto, no se descarta que las autoridades sigan haciendo traslados de otros privados de libertad desde Amazonas hacia otras regiones del país.

En enero de este año murió en la cárcel de El Rodeo II el indígena pemón, Salvador Franco, quien fue trasladado de manera irregular junto a otros 13 pemones a este centro de reclusión, ubicado a 1.200 kilómetros de distancia de su lugar de residencia.

A raíz del traslado, Amnistía Internacional expresó su preocupación por “las condiciones de detención y traslado arbitrario de un grupo de 13 personas indígenas pemón vinculadas a una investigación sobre los hechos del 22 de diciembre de 2019 en los que un grupo de funcionarios militares retirados habrían presuntamente tomado una comandancia militar en el Estado Bolívar al sur de Venezuela”.

Siete meses después, fallecía Salvador Franco producto de edema cerebral, shock séptico y reacciones producto de tuberculosis y desnutrición que llevaba meses padeciendo.

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