Cristina Kirchner maniobra para frenar sus procesos por corrupción

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elmundo.com.-La pandemia del coronavirus esté lejos de haber sido controlada, los números de la economía asustan y la renegociación de la deuda parece empantanada, pero Alberto Fernández se metió de lleno en un tema tan necesario como llamativamente poco oportuno hoy: reformar a fondo la cuestionada justicia argentina.

Sorprendió a muchos, pero no podía ser de otra manera, el presidente debía dar ese paso, porque la justicia es parte medular del acuerdo por el que Cristina Kirchner lo instaló como candidato a la jefatura del Estado.

Este lunes, al reanudarse tras 150 días de pausa un proceso judicial clave en el que se acusa a la actual vicepresidenta de Argentina, todo fue incluso más claro de lo que ya venía siendo. A Cristina se la señala como jefa de una “asociación ilícita” en un proceso con eje en la concesión de obra pública.

Lázaro Báez, señalado como el testaferro de los Kirchner, recibió en forma sospechosa 51 contratos para convertirse en el empresario más poderoso del sector. Con un añadido: buenas parte de las obras que debía construir no se completaron, hay ejemplos de ello en la patagónica provincia de Santa Cruz -feudo de los Kirchner-, con carreteras que se interrumpen abruptamente en plena estepa.

Este proceso es clave para otros en espera, los de presunto lavado de dinero a través de hoteles de los ex presidentes en El Calafate, el pueblo que permite acceder al impactante Glaciar Perito Moreno.

El Poder Judicial estuvo paralizado por más de cuatro meses debido a la pandemia, y la reanudación del juicio oral contra la dos veces presidenta vio a acusados y testigos conectados a través de la aplicación “zoom”, aunque no a Cristina Kirchner.

La presidenta del Senado se hizo representar por su abogado, Carlos Beraldi. Él y otros defensores de los más de 20 acusados en la causa plantearon diferentes nulidades del proceso al argumentar que no es legal realizar las audiencias por vía virtual.

Abogado de prestigio, Beraldi es hoy un gran problema para Fernández, porque se convirtió en el argumento para que la oposición le diera un “no” rotundo a la reforma de la justicia que propone el presidente y para que la Corte Suprema tomara la propuesta como quien oye llover.

“Es una grosería”, señalaron varios líderes opositores al enterarse de que el presidente argentino designaba a Beraldi, abogado de la vicepresidenta, como uno de los 11 integrantes del comité que asesorará al gobierno en el proyecto de reforma del Poder Judicial y de la Corte Suprema. Y ahí se acabó la posibilidad de cualquier consenso.

Fernandez desconcierta haciendo lo que en la campaña electoral dijo que no haría, y con frecuencia en beneficio de los intereses de su vicepresidenta. Según el analista político Eduardo Van der Kooy, los cambios de postura del presidente “empiezan a esmerilar el valor de la palabra y la confianza, claves para el ejercicio político”.

El actual presidente fue jefe de Gabinete (una suerte de primer ministro) de Cristina Kirchner durante ocho meses de su primer gobierno. Renunció en 2008, y durante una década le dedicó durísimos descalificativos y acusaciones de enorme calado político y judicial.

Hoy, Fernández es otro, y se suma a la teoría del “lawfare” que esgrimen varios ex gobernantes del centro izquierda latinoamericano: sus problemas judiciales están impulsados por sus rivales políticos.

“Una orden de detención se apila sobre otra. Un juez y otro juez, un fiscal y otro fiscal compiten para ver quién es el primero en saciar la sed republicana que pide a gritos encarcelar a cuanto populista ande suelto.

Cristina Fernández de Kirchner (…) y Rafael Correa en Ecuador fueron algunas de las figuras más codiciadas de esta cruzada mediático-judicial”, argumenta Fernández en La justicia acusada, un libro con su firma que sale a la venta este miércoles. “De lo que se trata es de observar que la articulación que se esconde en cada una de ellas no es casual, sino que responde justamente a esta nueva lógica política del Poder Judicial: el ‘lawfare'”.

¿Qué puede suceder? Probablemente lo habitual en la Argentina: procesos judiciales que se eternizan en medio de un empate de poderes, donde ni el ejecutivo ni el judicial se imponen, mientras el legislativo mira inerte. Puede dar fe de ello el ex presidente Carlos Menem, que ve cómo van cayendo las diversas casas en las que ha estado involucrado. Lo protegen, también, los fueros derivados de ser miembro del Senado, la cámara que preside Cristina.

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