Dictan sobreseimiento a Orlando Aguilar y a 7 de sus trabajadores

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Prensa OA.-La juez cuarto en funciones de control dictó medida de sobreseimiento al empresario Orlando Aguilar y a siete de sus empleados quienes fueron detenidos arbitrariamente por el mayor Eleazar Espinoza, ex comandante de la alcabala La Romana en Upata.

De acuerdo a la denuncia de Orlando Aguilar, el militar actuó al margen de la ley al recibir presuntamente órdenes de George Bello y de su esposa Jossana Sebastía, para fabricar falsas pruebas en contra del conocido  empresario regional.

La fiscalía primera del estado Bolívar, investigó el caso y pudo determinar que Aguilar y sus dependientes no cometieron ningún delito.

Habrían determinado además que sus derechos fundamentales fueron violentados por los funcionarios actuantes de acuerdo a la información.

Aguilar cuando hizo la denuncia insistió en que supuestamente los funcionarios actuantes recibieron favores para llevar adelante un procedimiento amañado con el único objetivo de dañar la imagen del conocido empresario.

Dentro de lo expuesto en el expediente, la abogada Jossana Sebastía amenazó a Aguilar delante de George Bello, siendo testigos de este hecho seis personas más. Ella me amenazó con que me quitaría mis tierras, advirtió Orlando Aguilar.

Afirmó que fue utilizado para ello un documento agrario chimbo que ellos obtuvieron de manera fraudulenta.

Al llegar la denuncia al fiscal superior y presidente del circuito judicial, Aguilar no acepta ser despojado de sus tierras por  estos ciudadanos, y  procede a colocar una denuncia con falsos supuestos ante la alcabala la Romana, donde presuntamente regalaban cartones de huevos y unas reses al comandante de este puesto (cambiado a otras funciones fuera de Bolívar) para obtener un actuación parcializada en este caso.

Como resultado, el funcionario supuestamente sobornado, actuó violentando los derechos constitucionales de los ciudadanos detenidos ilegalmente, quienes fueron amenazados con armas de fuego en un allanamiento que no tenía orden judicial, y además fueron incomunicados en un calabozo en condiciones infrahumanas, repitió Aguilar durante su declaración ante la Fiscalía.