“Gobierno de Maduro hostiga a periodistas y a defensores de Derechos Humanos”

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Nota de prensa.– El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, presentó la semana pasada el Reporte Especial “Contumacia Institucional: a un año del informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela”, emitido en julio de 2019, por la Oficina de la Alta Comisionada de Nacionales Unidas para Derechos Humanos por mandato del Consejo de Derechos Humanos de esa organización.

El pasado 04 de julio la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en la Venezuela en el que confirmó lo que ya se sabía: Venezuela está inmersa en una emergencia humanitaria compleja que impacta de forma diferenciada en diversas aristas y grupos vulnerables, siendo todo ello detallado con minuciosidad por el ACNUDH a través de estadística fehaciente, clara y contundente.

La Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas remitió una comunicación diplomática con un repaso en los que reportó que, lejos de haber avances respecto a sus 23 recomendaciones de julio de 2019, la regla ha sido la reticencia y contumacia de las autoridades del régimen de facto, en las que se dieron concesiones minúsculas comparadas con la magnitud de la crisis nacional de derechos humanos que atraviesa Venezuela. Es por ello que la Comisión realizó el reporte “Contumacia Institucional”.

“Este fenómeno es particularmente grave si se tiene en cuenta que muchas de las recomendaciones no acarreaban complicaciones administrativas importantes, por el contrario, la disolución de la FAES es algo que se ha podido ejecutar”, expresó Prado.

En este sentido indicó que la creación de una oficina para los Oficiales de la Alta Comisionada, no se ha podido concretar y, por tanto, no se han podido mover para realizar ninguno de los estudios para los que se encuentran en el país, como la visita de los Centros Penitenciarios.

El comisionado Prado hizo especial énfasis en los ataques a defensores de DDHH y periodistas, llamándolo un trabajo de alto riesgo, “pues están expuestos, a ser secuestrados por parte del régimen, privados por parte del régimen, maltratados por parte del régimen y robados por parte del régimen”.

Pide que se abstengan de desacreditar a defensores DDHH y a profesionales de la comunicación y adoptar medidas eficaces para protegerlos, entre ellas un protocolo especializado para investigar violaciones y delitos cometidos contra ellos.

Recordó que una de las recomendaciones era adoptar medidas que garanticen la disponibilidad de agua, electricidad, alimentos y medicamentos, sin embargo, Venezuela continúa inmersa en una emergencia humanitaria compleja, que impacta de forma diferenciada a los grupos vulnerables.

“La gente no puede cumplir con las medidas sanitarias, por la falta de agua y luz. Por ejemplo, la situación de vulnerabilidad de niños que son pacientes del Hospital Pediátrico J.M. de los Ríos son altas por la falta de medicamentos y los servicios básicos”.

Asimismo, Prado resaltó que la situación de violaciones de DDHH por tortura ha registrado 900 ejecuciones extrajudiciales y señaló que La Comisión considera que la letalidad generada por el actuar arbitrario de fuerzas de seguridad del Estado ha devengado en un clima de militarización de la seguridad nacional, el cual ha favorecido el incremento de este delito, de desapariciones forzadas y torturas.

“No existe ningún síntoma de mejoría, sino de acentuación de la crisis que parece no detener su constante maximización”.

Reiteró que esta situación ha sido denunciada en diferentes ocasiones, con especial preocupación en la participación de las FAES, cuyo grupo de exterminio debía ser desarticulado e investigado a pedido de la Alta Comisionada en el informe 2019.

Prado comentó que este pedido no fue reiterado en el informe 2020 de la Alta Comisionada y es preocupante, pues las cifras de detenciones y ejecuciones realizadas por los organismos de seguridad del régimen son realmente bajos en cuanto a los registros de la comisión y otras ONG’s, por lo que es de suma importancia resaltarlo.

Ratificó la solicitud de liberar a los privados de libertad por motivos políticos, como los mencionados en el informe de la ACNUDH, Juan Requesens, Roberto Marrero, Gilbert Caro, Renzo Prieto y el sindicalista Rubén González,  mediante la aplicación de las decisiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Asimismo, se unió al llamado del cese la intimidación contra los pueblos indígenas, que hasta la fecha han realizados varias protestas para exigir que les suministren los servicios básicos, el derecho a la alimentación y atención médica, tanto la ACNUDH como la comisión presidencial para DDHH aseguran que el régimen no ha cumplido con el pedido de promover el respeto a las etnias indígenas.

Solicitó que se adopten las medidas necesarias para restablecer el Estado de Derecho, las instituciones políticas, restablecer la función supervisora de la Asamblea Nacional, publicar el presupuesto anual de la Nación y los informes de gastos y garantizar acceso a los datos clave para evaluar realización de los derechos.

 

Finalmente, destacó que el régimen no ha emprendido las evaluaciones correctas para garantizar el derecho a la salud, garantizar el regreso seguro, digno y voluntario de repatriados venezolanos y evitar la violación de los DDHH.

“La manera en como lo están desarrollando, solo está logrando que se propague más, el parte médico lo está desarrollando alguien que no sabe de medicina, se están ocultando cifras y los médicos que están dando observaciones lo que hacen es amenazarlos con privarlos de libertad, no están llevando a cabo las medidas de educación y resguardo, solo están llevando a cabo los mecanismos de represión”.

 

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