La pelea por cobrar Bonos del Hambre destruye moral de oficialistas y opositores

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Alejandro Terán.-Houston.- Mientras Guaidó implora a Trump –muy molesto por los contactos de Carlos Vecchio con Nancy Pelosi en Washington- que cancele a sus amigos la totalidad de los llamados Bonos del Hambre, el gobierno de Maduro utiliza el impecable argumento de que las sanciones de Trump impiden a los tenedores cobrar tan suculento filón, pero no a todos ellos,

La cancelación de la totalidad del Bono del Hambre se ha complicado hasta extremos difíciles de imaginar, tanto para los chavistas que aceptaron el canje al 2020 que les ofreció Maduro, como para los opositores que cobraron los intereses que les entregó Guaidó en 2017, informan fuentes legales y financieras en Houston.

El próximo 27 de octubre, el Estado venezolano deberá pagar 913 millones de dólares a los tenedores del bono PDVSA-2020, emitido por Nicolás Maduro en 2016, tras un canje parcial del bono PDVSA-2017, garantizado con el 50,1% de las acciones de la empresa Citgo, filial de PDVSA, con sede fiscal en EEUU, bajo la reclamación legal de la canadiense Cristalex por impago de deuda.

La AN declaró en 2016 la ilegalidad de dicha operación, no solo por no estar aprobada por el Poder Legislativo como ordena la Constitución, sino también por ofrecer una tasa interna de retorno del 19,8%.

Sin embargo, la propia AN en mayo de 2019 acordó el pago de 71 millones de dólares en intereses de dicho bono, ante el temor que el impago ocasionara acciones legales contra Citgo.

Las fuentes financieras consultadas en el estado de Texas indican que los tenedores de los bonos que cobraron de Guaidó son intermediarios y especuladores muy bien informados, que compraron a bajo precio los bonos originales.

Por su parte, Maduro alega que no puede pagar a los bonistas debido a las sanciones financieras que le ha impuesto EEUU.

Guaidó trabaja hábilmente en tres escenarios simultáneos: A) Llegar a un acuerdo con los bonistas y refinanciar la deuda; B) Pagar los 913 millones de dólares a todos los tenedores; C) Finalmente, pagar a algunos, pero no a todos, haciendo creer a través de los medios aliados que no ha pagado a nadie.

Curiosamente, esta tercera opción es muy similar a la que acaricia el gobierno de Maduro.

Desde mayo de 2019, el economista Ricardo Haussman, ex representante de Guaidó en el Banco Interamericano de Desarrollo, negocia con los tenedores de los llamados “bonos del hambre”, tal como los bautizó el propio Haussmann en 2016, por considerar que “fueron emitidos por la dictadura en detrimento de los venezolanos”.

A las negociaciones se ha sumado Alejandro Plaz, sustituto de Haussman en el BID, quien tendría lazos estrechos con los beneficiarios de los bonos, buena parte de ellos vinculados al gobierno de Maduro, pero otros a la oposición, lo que los complica a todos en el mismo juego.

Los negociadores intentan extender, sin éxito, el plazo de vencimiento y recalcular los intereses. Los tenedores tienen en su mira la mitad de las acciones de Citgo y solo esperan el 27-O para proceder.

El segundo camino que ha recorrido Guaidó es “ablandar” a la Administración Trump para que le libere al gobierno interino los fondos del Estado venezolano congelados en EEUU. Esta es la tesis de la presidenta de Citgo, Luisa Palacios, nombrada por Guaidó.

El interino solicitó a Trump por vía diplomática –Vecchio- que la liberación de fondos sea exacta por la cantidad adeudada; es decir, 913 millones de dólares.

Pero dar luz verde a la brillante operación financiera de Guaidó-Vecchio hace falta el consentimiento del Congreso de EEUU. El embajador de Guaidó en EEUU, Carlos Alfredo Vecchio DeMarie, ya ha entablado conversaciones con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cabeza visible del Impeachment a Trump, varios encuentros que no han caído del todo bien en la Casa Blanca.

Si fallan las negociaciones con los tenedores y la Administración Trump no libera los fondos venezolanos, el gobierno interino no descarta encaminarse hacia el no pago de la obligación, para lo cual igualmente solicita a la Casa Blanca que mantenga firme su decisión de blindar, contra toda acción judicial, los activos de Venezuela en EEUU, entre ellos la empresa Citgo.

Uno de los partidarios de esta tesis es el experto petrolero José Toro Hardy quien recomienda que se solicite revocar la licencia número 5 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) por considerarla incompatible con la Orden Ejecutiva del presidente Trump que bloquea el traspaso de acciones de Citgo dadas en garantía por Maduro, tanto a los bonistas como a los rusos de la Rosneft, en su afán de obtener recursos frescos.

Una revocatoria de esa naturaleza no viola los derechos de los tenedores del Bono 2020, pues solo difiere la ejecución del colateral, ya que la licencia número 5 la OFAC autorizó a los tenedores de bonos 2020 tomar el control de Citgo en caso de incumplimiento.

La contradicción legal entre ambas órdenes es el sustento de la tercera opción; es decir, la tesis del impago. A esto se suma la propia ilegalidad de la obligación denunciada por la propia AN en 2016, aunque para complicarlo más ésta estaba en situación de desacato por el TSJ.

Todavía más difícil, los que se oponen a esta tesis, argumentan que al autorizar en mayo de 2020 el pago de intereses, la AN reconoció la legalidad de una operación, que ahora intentaría desconocer.

En este caso el dúo Vecchio-Guaidó enfrentaría una tesitura política y moral muy complicada de defender con éxito ante la opinión pública.

Además, una vez superada la situación del pago a los bonistas, a Guaidó le queda otro problema por resolver: la arremetida legal de la transnacional canadiense Crystallex contra los activos de Citgo.

Los Bonos 2020, emitidos legalmente por Maduro en 2016, están “garantizados” con el 50,1% de las acciones de Citgo y no hay como pagarlos; el 49,9% restante de las acciones, depende de la petrolera rusa Rosneft.

La AN objetó que los bonos 2020, que vencieron en 2017, son irregulares desde su origen, porque, entre otras cosas, el gobierno de Maduro ofreció un aumento de su tasa de retorno al 19,8%, y daban en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo, una operación que no fue aprobada por la AN, que a su vez se encontraba en situación de desacato, según el TSJ, por lo que unos y otros se acusan de no cumplir con los requisitos constitucionales.

“Los operadores financieros no pueden alegar que desconocían las dudas sobre la validez de dichos bonos, que fueron debatidas públicamente. La AN objetó las condiciones del canje de los bonos 2017 por los de 2020, y rechazó el colateral sobre Citgo”, dijo el exdirector de PDVSA José Toro Hardy, a quien algunos vinculan con la posesión de los bonos originales.

La conclusión final es que tanto los poseedores de los Bonos del Hambre  vinculados al madurismo como a la oposición, usan las mismas tácticas inmorales para obtener sus propios beneficios, sin importarles en lo más mínimo los intereses de los venezolanos, manejados por influenzers y medios a sueldo de uno y otro.

Por su parte, Guaidó sigue recibiendo más recursos económicos, pero no cuenta con una contraloría ni quien ejerza la veeduría y auditoría del manejo de las finanzas.

EEUU anunció hace dos semanas que entregará 52  millones de dólares a la oposición a través de Guaidó, como apoyo adicional a las medidas de presión que ejerce contra Maduro.

La Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) señaló que el financiamiento se destinará a “medios independientes, la sociedad civil, el sector de la salud y la AN”, todos controlados por la oposición.

Lo que aún no se sabe es quien administrará dichos fondos y quien ejercerá la veeduría y contraloría de los recursos, a pesar que Guaidó ha señalado “que se hará desde EEUU”.

Sí está claro que una porción de los recursos será destinada para apoyar económicamente a los parlamentarios del llamado grupo G-4 (AD, UNT, PJ y VP) quienes tendrían más de dos años sin cobrar, al igual que ocurre con los integrantes de la llamada fracción 16 de julio.

La partida para los “medios independientes” sería regentada por el llamado “Centro de Comunicación Nacional”, que encabeza Alberto Federico Ravell, ex accionista de Globovisión y co-propietario de la televisora Cablenoticias, en Bogotá, en sociedad con el asegurador Tobías Carrero, antiguo socio de Luis Miquilena, y –a través de él- ex operador financiero-electoral del difunto presidente Hugo Chávez.

Las otras partidas de apoyo estarían bajo la dirección del coordinador del gobierno interino de Guaidó, Leopoldo López Mendoza (VP), huésped especial permanente de la residencia del embajador de España en Caracas, Jesús Silva.

En la actualidad venezolana destaca también el retorno de la bancada chavista a la AN como consecuencia de los acuerdos negociados entre la llamada oposición minoritaria y el gobierno en las negociaciones de la Casa Amarilla, contraparte del diálogo de Barbados, que tiene difícil recorrido.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice en su artículo 191 que “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer  cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades  docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no suponga dedicación exclusiva”.

Este Artículo 191 fue aplicado por Diosdado Cabello, entonces presidente de la AN contra la ex diputada María Corina Machado, y por lo tanto los diputados del chavismo no pueden retornar a la AN porque perdieron su condición, una vez que se marcharon y aceptaron otros destinos, todo con la finalidad de debilitar al Parlamento de mayoría opositora.

Finalmente, ante la posibilidad –muy improbable- de una intervención militar regional como prevé el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), Maduro aprobó esta semana la renovación de la llamada Alerta Naranja en la frontera con Colombia, y pidió a los colombianos que “vigilen las acciones criminales del gobierno de Ivan Duque”.

Lo cierto es que hoy en plano sigo XXI cambiamos seguimos cambiando espejitos por ORO