La UE lanza su misión contra el tráfico de armas hacia Libia

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El Paús.-Sophia, la bebé de una mujer somalí rescatada en el Mediterráneo, nacida en mitad de la madrugada a bordo de una fragata alemana en el verano de 2015, sirvió para bautizar la operación lanzada por la Unión Europea para combatir el tráfico de personas frente a las costas libias.

Cinco años después, consumida por la negativa italiana a permitir los atraques en sus puertos primero, privada de barcos después, y con su mandato a punto de expirar tras sucesivas prórrogas, la misión Sophia deja de agonizar para morir definitivamente.

En su lugar, ve la luz Irini, la misión de la UE que la reemplaza, no solo en su denominación, sino también en su cometido: hacer cumplir el embargo de armas hacia Libia decretado por la ONU para acabar con la injerencia militar extranjera.

Irini significa “paz” en griego, y estará activa como mínimo un año, hasta el 31 de marzo de 2021. Los Veintisiete han acordado este martes el lanzamiento de la nueva operación tras vencer las reticencias de Austria y Hungría, temerosas de que el regreso de los barcos europeos a la zona suponga un efecto llamada que resucite los repartos de migrantes y refugiados y las discusiones por los permisos para desembarcarlos en un país u otro.

Finalmente, las garantías de la UE de que la prioridad del despliegue es frenar la entrada de armas en el polvorín libio, y el compromiso de que navegarán en aguas situadas más al este, fuera de las rutas habituales de las mafias, han sido suficientes para convencer a Viena y Budapest.

Irini contará con barcos proporcionados y operados por las respectivas armadas de los Estados miembros navegando por la zona. Y en caso de que detecten embarcaciones sospechas están autorizadas a inspeccionarlas en alta mar para cerciorarse de que no sale ni entra armamento de Libia.

El país se encuentra sumido en un frágil alto el fuego auspiciado por las potencias el pasado enero en una conferencia de paz en Berlín y aprobado en febrero por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La intención es una pacificación total y permanente, pero las noticias no son alentadoras. “La situación en Libia sigue siendo crítica”, ha advertido este martes el alto representante europeo de Política Exterior, Josep Borrell.

El contexto de emergencia sanitaria ha hecho vuelve la situación aún más apremiante. “Lamento que a pesar de los llamamientos internacionales para que haya una tregua que ayude a contener la pandemia de coronavirus hayan aumentado las hostilidades en Libia. No podemos permitirnos librar dos guerras al mismo tiempo”, ha añadido.

El cuartel general de la misión estará en Roma. Y la dirección operativa correrá a cargo del contralmirante italiano Fabio Agostini. La llegada de los barcos será cuestión de días. Y responde al convencimiento por parte de la UE de que la labor diplomática no es suficiente para acabar con la contienda si durante las conversaciones el país sigue siendo un coladero de armas.

La operación también contará con aviones y satélites. Y junto al objetivo principal de secar el suministro de pertrechos de guerra, tiene asignadas tres tareas secundarias: controlar el contrabando de petróleo, continuar la formación de los guardacostas libios, y minar el negocio de las mafias de tráfico de personas recopilando información sobre sus movimientos a través de patrullas aéreas. Es decir, se invierten las prioridades: lo que era prioritario pasa a ser accesorio, y viceversa.

Pese a que el radio de acción se traslada a aguas menos transitadas por los migrantes, la posibilidad de que los buques se topen con embarcaciones a la deriva no es del todo descartable. En ese caso, las leyes del mar les obligaría a rescatar a sus ocupantes. Así lo reconoció el propio Borrell. “Si encuentran a alguien en esas aguas habrá que rescatarlos porque son personas. Hay un acuerdo firmado entre todos los Estados participantes en la misión sobre cómo actuar, cómo desembarcar y cómo compartir esa carga, pero forma parte de la documentación confidencial de esta operación”, ha señalado el jefe de la diplomacia europea.

El secretismo de Borrell acerca del delicado problema de los desembarcos y relocalizaciones, —sobre el que los Veintisiete siguen sin concebir un acuerdo duradero—, ha engordado las especulaciones. Por ahora, Grecia ha autorizado el desembarco en sus puertos con la condición de que la gestión de los recién llegados corra a cargo de la UE. Atenas ha asumido el encargo pese a que ya le toca lidiar con el hacinamiento de los campos de refugiados en la isla de Lesbos. Una decisión que ha desatado críticas en el país heleno entre los que temen que Creta —su destino más probable— corra una suerte parecida. Queda todavía en el aire saber hasta qué punto se implicará el resto de Estados miembros, que también podrían contribuir con acogidas aunque no participen materialmente en ella.

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