Mineros denuncian que militares les “cobran peaje” en La Bullita

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Los mineros del sector La Bullita del municipio Sifontes del estado Bolívar afirman que además de pagar un impuesto debido a la Ley de Arrime al Estado, a la Corporación Venezolana de Minería, también tienen que pagarle a los efectivos del Ejército que tienen un punto de control a la salida de la mina.

En el diario Correo del Caroní, reseñan la denuncia de varios mineros que afirman estas cansados de este “matraqueo” porque aseguran que lo poco, que sacan porque no hay combustible para las minas, alcanza para medio comer.

Los mineros afirman cumplir con la ley porque pagan el impuesto respectivo a la Corporación Venezolana de Minería.

Sin embargo los militares igual les quitan desde las gramas de oro hasta la comida que compran para llevar a la mina o para llevar a sus casas.

La bendita alcabala está en la zona de El Candado 7 de Septiembre, que se encuentra a una hora del campamento La Bullita.

Aparentemente los efectivos del Ejército llegaron al lugar a mover una retroexcavadora que estaba en el sitio. Y después descubrieron el “negocio de sus vidas” cobrando una especie de peaje a todos los que salen o entran al campamento de La Bullita. El campamento La Bullita está a unas cuatro horas de Tumeremo, capital de Sifontes.

La nota del Correo del Caroní señala que “normalmente trabajan en la zona unas 500 personas, pero durante la pandemia, solo se han quedado 200”.

Los mineros comprenden que los militares deben comer pero lo que no entienden es porque les quitan la mitad de la comida, a todo el que pasa por allí, lo que al final representa para los militares un importante botín sin ningún esfuerzo.

Señala el diario de Ciudad Guayana, Correo del Caroní “el sistema legal de la minería en la zona, desde la instalación del Arco Minero del Orinoco en 2016, funciona así, los pequeños mineros se organizan en compañías, una especie de cooperativa, trabajan la tierra y el material aurífero extraído es procesado en molinos, y el lodo (donde está más del 70% del materia aurífero) es vendido y recuperado por las plantas procesadoras instaladas por el Gobierno, en un régimen mixto cuya transparencia es bastante opaco.

El Plan de Arrime, al menos en la zona de Los Candados, establece que quienes trabajan con batea deben pagar un gramo mensual, encuentren oro o no.

Quienes tienen barrancos, pagan hasta 17 gramas. Las camionetas Toyota pagan 10 gramas.

Las motos, entre 2 y 3 gramas de oro, y los propietarios de maquinarias pagan entre 80 y 100 gramas mensuales.

Mientras que las bodegas pequeñas pagan entre 15 y 17 gramas, haya o no producción en la mina.

Esta especie de impuesto, hasta ahora no público, hace que para miles de mineros sea imposible entrar a la mina al no tener garantías de poder producir por la escasez de gasolina y el resto de los insumos”.

Al parecer cada vez es menos la producción debido a que no hay gasolina y trabajan con el método más artesanal, a través de la batea o suruca ya que las máquinas, balsas y chupadoras están paralizadas por la falta de combustible.

Los mineros concluyen denunciando que ahora pagan dos “impuestos”. El que cancelan a la CVM y el que tienen que pagar a la alcabala del Ejército.

Hacen un llamado al gobierno nacional para que les quiten uno de los dos porque “no nos da la base para pagar ambos”.

 

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