“Se deben acordar soluciones para atender los problemas del sector universitario” + video

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Aunque en octubre del año 2019 la anterior junta directiva de la Asamblea Nacional aprobó la designación de una comisión que le buscara salidas a la crisis universitaria, incluyendo el tema de la elección de las autoridades universitarias, nunca se hizo nada y ahora debemos buscar soluciones efectivas que alivien el problema.

Quien ofrece esta declaración es el diputado Luis Loaiza, parlamentario electo por el estado Mérida, profesor universitario y coordinador de la fracción Venezuela Unida.

Explicó durante su intervención en el Hemiciclo en el marco del debate sobre la situación universitaria y el desconocimiento del artículo 109 de la Constitución Nacional, que el 15 de octubre de 2019, esta Asamblea Nacional, aprobó un acuerdo desconociendo la sentencia No. 0324 con fecha de 27 de agosto del año 2019 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que regula la elección de las autoridades universitarias con período académico vencido.

Agregó Loaiza que tal sentencia, en efecto establece unas pautas y unos términos para realizar elecciones universitarias que constitucionalmente deberían establecer las propias universidades o en todo caso el órgano legislativo nacional que es la Asamblea Nacional.

Trancurrido el tiempo no se resolvió nada y ahora estamos peor que antes. Pero nos toca ser parte de la solución y no del problema. Por eso debe pasarse de la virtualidad a la realidad, dijo.

En su intervención Loaiza propuso la conformación de una comisión de la Asamblea Nacional que solicite la revisión de la sentencia No. 0324 de la Sala Constitucional del TSJ a fin de generar la renovación de las autoridades universitarias conforme al ejercicio autonómico y al sentido práctico que señala la clara y urgente necesidad de un cambio con sentido institucional. Igualmente, desde una comisión especial nombrada al efecto, se deben revisar las condiciones presupuestarias de las universidades y las socio económicas de los universitarios con el objeto de realizar las recomendaciones que en el corto plazo orienten la acción del Estado en la tarea de salvaguardar la institucionalidad universitaria y su altísima misión”.