El Alto Comisionado de la ONU se refirió a los efectos desproporcionados que tiene en las mujeres, niñas y adolescentes la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, y aún más, la falta de políticas por parte del Estado para hacer frente a los actos de discriminación basados en el género y garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes una vida libre de violencia.

De conformidad con la resolución 51/29 del Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas presentó un nuevo informe escrito en relación a la situación de derechos humanos en Venezuela, en el cual no solo evidenció la situación en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales, sino que con una perspectiva de género.

La emergencia humanitaria compleja afecta de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres

El Alto Comisionado alertó sobre la precariedad de las condiciones de vida de la población venezolana, sobre todo en cuanto a la situación económica, los servicios públicos esenciales, el transporte, la educación y la salud, dificultando así las condiciones necesarias para disfrutar del derecho a un nivel de vida adecuado.

Especialmente en relación con el deterioro del sistema sanitario, lo cual afecta directamente los servicios de salud sexual y reproductiva, la atención obstétrica y el tratamiento del cáncer de cuello uterino y de mama.

La falta de disponibilidad de estos servicios de salud, aunado a los altos costos, mantienen la tasa de muertes causadas por cáncer de cuello uterino en aumento.

Por su parte, las mujeres indígenas se convierten en la población más vulnerable.

Al respecto el Alto Comisionado aseguró que la pandemia de Covid-19 exacerbó la malnutrición entre los pueblos indígenas y su capacidad para buscar atención médica en centros médicos.

Pero las mujeres suelen ser las más afectadas, ya que los embarazos precoces, las complicaciones durante el embarazo y el parto, así como las enfermedades infecciosas, amenazan la supervivencia de las mujeres indígenas.

El Estado venezolano no implementa medidas de protección y servicios integrados para las víctimas de la violencia de género

Las mujeres víctimas de violencias se encuentran en continuo desamparo, pues el Estado venezolano no ha aplicado medidas que garanticen su protección, ni servicios integrados, contención, justicia y reparación para las víctimas de violencia de género, dice.

Aún más, la impunidad que se maneja en el sistema de justicia solo permite que se perpetúe la violencia.

Al respecto, el Alto Comisionado documentó casos de violencia de género, incluida la violencia sexual, en los que se produjeron retrasos en la investigación y juzgamiento de los autores, por lo que instó al Estado venezolano a llevar a cabo estos procesos judiciales de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Así como la aplicación de medidas de protección y servicios integrados para las víctimas de violencias basadas en el género, y para las personas que se encuentran en situación de riesgo, a través de refugios, apoyo médico, apoyo psicosocial, entre otras medidas de protección.

Por su parte el Alto Comisionado destacó la omisión por parte del Estado de publicar datos y cifra sobre la realidad de las mujeres venezolanas, específicamente en cuanto a los casos de violencia de género.

Así pues, advirtió la falta de un observatorio oficial de violencia de género, reconociendo que hoy estas cifras se conocen gracias al monitoreo y el contacto directo con las víctimas que tienen las organizaciones de la sociedad civil independiente.

A través de estas cifras extra oficiales, incluyendo las del Observatorio de Femicidios de Cepaz, el Alto Comisionado concluyó que la situación no ha mejorado, pues las cifras revelan niveles similares de violencia de años anteriores.

Nota de prensa