Ramiro Fdez Chillón

A pesar de que Feijóo ha ganado las elecciones con 136 diputados en el Congreso, solo podría gobernar en el supuesto de que le apoyaran Vox, el PNV, UPN, y Coalición Canaria, lo que le otorgaría una exacta mayoría absoluta de 176 diputados.

Por su parte, Sánchez tendría la posibilidad de reeditar un Gobierno Frankenstein, para lo que necesitaría la concurrencia de Sumar, ERC, Junts, Bildu y el PNV.

El Partido Popular ha logrado en el 23-J una clara mayoría absoluta en el Senado, logrando 120 representantes frente a los 72 de los socialistas.

No obstante, en estos comicios solo se han elegido a 208 de los 265 senadores que componen la Cámara Alta: 4 por provincia peninsular, más 3 cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y uno a cada una de las restantes islas (Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma). Las poblaciones de Ceuta y Melilla han elegido cada una de ellas dos representes.

Los 57 senadores restantes los seleccionan los parlamentos autonómicos, uno fijo por cada Comunidad y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.

En este proceso, la Constitución exige la «adecuada representación proporcional», lo que supone reservar a cada Grupo Parlamentario de la respectiva Cámara regional un número de escaños conforme a su fuerza numérica.

Debido a que el pasado 28 de mayo los ‘populares’ obtuvieron un gran resultado autonómico, su mayoría absoluta en la Cámara Alta está garantizada ya que alcanzaría los 140 asientos.

La función legislativa del Senado

El Senado, como parte del Poder Legislativo, participa en el trámite parlamentario.

Así pues, la Carta Magna señala que, aprobado un proyecto de ley en el Congreso, su presidente se lo comunicará –de manera «inmediata»– al presidente del Senado, que lo deberá someter a la deliberación de la Cámara, y en un plazo de dos meses esta puede oponer su veto o introducir enmiendas.

Para que una norma sea vetada se requiere de la mayoría absoluta, tras la cual el texto vuelve al Congreso; que podrá ratificar su proyecto inicial con mayoría absoluta, o mediante mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del veto.

En este contexto, en el caso de que se configure un Ejecutivo Frankenstein, la posición del PP en la Cámara Alta podría retrasar la legislación que sacara adelante Pedro Sánchez.

Si los ‘populares’ vetaran o enmendaran constantemente en el Senado las leyes que se tramitaran de manera ordinaria y que contaran con la abstención y no el ‘sí’ de los partidos independentistas –y en consecuencia con mayoría simple en el Congreso– deberían esperar los dos meses obligatorios tras el veto.

Een los cinco años que Sánchez lleva en la Moncloa ha sido el presidente que más ha empleado la figura del Real Decreto-Ley –por encima de los 140– que la Constitución reserva para situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad».

A la hora de aprobar ‘decretazos’ el Senado no juega ningún tipo de papel, sino que simplemente deben ser convalidado, o derogados, por el pleno del Congreso.

El Debate, de España