El Mayor General Gustavo González López continúa recibiendo como director general del Sebin, denuncia sobre la actuación de bandas de fiscales y abogados en la justicia de Puerto Ordaz.

La abogada María Teresa Muñoz, con 50 años experiencia en los tribunales del Palacio de Justicia de Ciudad Guayana, insiste en su denuncia inicial remitida al director general del Sebin.

Es más ella hizo una ampliación de la denuncia que también fue remitida al Sebin. En esta ocasión señala que la Fiscalía del Ministerio Público en Puerto Ordaz, se «maneja con un secretismo interno y es presuntamente manipulada por los abogados de Freddy Ramírez, identificados como Marcos Delgado, Williams García y Alfredo Lozada, este último ex fiscal del Ministerio Público, todos miembros del bufete de Jhonny Moreno».

La historia tiene su origen en que la doctora Muñoz es la abogada de Francisco Correale, quien es socio en una empresa donde Nina y Silvana Caiazza son accionistas junto a Correale y Freddy Ramírez, es el esposo de Nina Caiazza.

La querella es por unos pagarés, de la empresa en la que las Caiazza y Correale son socios pero que por desavenencias entre ellos terminaron en los tribunales del Palacio de Justicia de Ciudad Guayana, donde las letras consignadas en original en el  Juzgado Primero Civil a cargo del Juez Juan Carlos Tacoa desaparecieron.

Muñoz realizó una inspección en el tribunal para verificar que allí estaban los pagarés y  según la declaración del secretario del tribunal, José Guerra, allí no reposan ni originales, que fueron los consignados, ni copias.

El pasado 27 de junio de este año, la abogada Muñoz vía comunicación enviada al Sebin explicó que se practicó una inspección judicial signada con el número 17.999.23 en la sede del Juzgado Primero Civil, donde en el punto séptimo, la ciudadana juez Alejandra Blanco manifestó “que hasta la presente fecha, no se habían encontrado los instrumentos cambiaros tipo pagarés”.

De acuerdo a la Ley, “la pérdida de los originales probatorios del Tribunal civil, es un delito que tiene que ser conocido indefectiblemente por los tribunales penales e investigados por la fiscalía y presos los responsables”.

Eso es lo que al parecer solicita la abogada María Teresa Muñoz, representante de Francisco Correale, dueño del 33 por ciento de la empresa Heca, frente a sus socias, las hermanas Caiazza, Nina y Silvana.

Otra acusación

Muñoz asegura que Freddy Ramírez Cuadra introdujo acusaciones contra Francisco Correale y su cónyuge  en la Fiscalía Décima Primera a cargo del fiscal Manuel Odremán.

Tanto Correale como su cónyuge fueron entrevistados por fiscales que nunca les dijeron de que los acusaban y mucho menos le permitieron acceso al expediente pero los trataron como delincuentes y hasta fotos les hicieron.

Deduce Muñoz que esas acciones del fiscal Manuel Odremán y el fiscal auxiliar Luis Aray, utilizando para ello a la Dirección de Inteligencia de la Policía del estado Bolívar, propiciadas por Ramírez Cuadra persiguen atemorizar a Francisco Correale a fin de que suspenda la querella contra la empresa Heca donde él junto a las hermanas Caiazza son los accionistas.

La que alguna vez fuera una empresa creada por dos ciudadanos de origen italiano, Caiazza y Correale, los padres de los ahora querellados, y que instalara los hornos Simens Martín en Sidor, en su momento un avance tecnológico porque se trataba de los primeros hornos eléctricos que funcionaban en la principal Siderúrgica del país, ahora está sometida a estos vaivenes jurídicos, perdiendo todo su valor histórico.

Muñoz asegura que en esa mafia que persigue impedir que se haga justicia estaría Leonardo Mata, quien fue el abogado involucrado en el procedimiento de la asamblea donde se aprobaron los pagarés con intereses sin definición y con el voto en contra de Correale, es hijo del ex juez Rafael Mata Cacharuco, jurista que en su época infundía respeto por su verticalidad.

Lo cierto del caso es que a todas luces en el Palacio de Justicia de Ciudad Guayana ocurren demasiadas cosas mal hecha, cosa que no parece molestar a nadie. Excepto a los lesionados por la falta de justicia.

La doctora Muñoz además de señalar a Ramírez Cuadras y a sus abogados, acusa a Odremán y a Aray de utilizar a la policía del estado Bolívar para perseguir a Correale y su cónyuge a fin de hacerlo desistir de su denuncia. Por eso solicita la intervención del Sebin.

Carmen Carrillo