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    Dice abogada: Fiscalía y bandas del Palacio de Justicia de Ciudad Guayana están conectadas

    La abogada María Teresa Muñóz no ceja en su empeño de conseguir justicia en el Palacio de Justicia de Ciudad Guayana.

    Por ello envió una segunda carta al director del Sebin, Mayor General Gustavo González López sobre el caso de Heca y la actuación de una asociación de personas, que ella denomina en su escrito como una banda, a fin de impedir que uno de los socios reclame sus derechos.

    En la comunicación que Muñóz denomina, Segunda ampliación de la denuncia del 7 de septiembre de este año, señala que solicita que continúen las investigaciones del Sebin en la sede de la Fiscalía de Puerto Ordaz y en las bandas conectadas en los tribunales, que según ella “siguen operando en forma pública y notoria”.

    Como ejemplo menciona el caso de Freddy Ramírez Cuadra, marido de Nina Caiazza, presidenta y una de las accionistas de la empresa Heca.

    El caso no es muy complejo, sólo que la jerga de la abogada Muñóz dificulta su comprensión y seguramente esa debe ser la razón por la que el Sebin, aunque ha citado ya a todos los involucrados, aun no culmina las investigaciones.

    En concreto Muñóz explica que su representado Francisco Correale y su cónyuge, Alejandra Mata Muñóz, quien es la hija de la abogada litigante, fueron acusados y perseguidos por fiscales, cuando Francisco Correale se negó a convalidar la liquidación de la empresa Heca en los términos planteados por Nina Caiazza, Silvana Caiazza, y Mario Correale, este último director suplente.

    Heca fue una empresa familiar fundada por los padres de Nina y Silvana Caiazza y de Francisco Correale. Fue la que instaló los hornos Siemens Martin en Sidor, los llamados hornos eléctricos.

    Sus padres fueron los primeros italianos que llegaron con la Inocenti, la empresa que instaló las primeras plantas de la Siderúrgica del Orinoco.

    Fallecidos los fundadores, les correspondía a los hijos continuar el trabajo ahora ya en otras actividades porque Sidor después de que se apagaron los hornos en el 2010 comenzó un proceso de destrucción interna.

    Pasó de producir casi tres millones de toneladas de acero cuando estaba privatizada por tres grupos, uno nacional, otro argentino y los trabajadores que poseían una participación accionaria en la empresa, a luchar por llegar a 800 mil toneladas año.

    La empresa al parecer, por decisión de los accionistas mayoritarios, las hermanas Caiazza y Freddy Ramírez Cuadra marido de la presidenta, inició el proceso de liquidación y allí es que la abogada María Teresa Muñóz interviene en representación de Francisco Correale, pero no ha logrado que los derechos de Correale sean respetados.

    Correale y su cónyuge, Alejandra Mata, han sido acusados y acosados por funcionarios de la Fiscalía Superior de Puerto Ordaz, por funcionarios policiales, a fin de que se retracten de sus acciones judiciales.

    Según la abogada Muñóz, todo ha sido impulsado por Freddy Ramírez Cuadra, quien para ello ha usado “tráfico de influencia”, y los servicios de abogados como Carlos Bolívar, quien tiene una investigación pendiente en Fiscalía por el caso de la depositaria judicial Bolívar y de Jhonny Moreno, conocido ampliamente en el espectro penal por su defensa de sujetos malvivientes y con el peor expediente.

    Incluso Moreno sufrió un atentado en la puerta del Palacio de Justicia cuando desde un edificio, no se sabe públicamente cuál y quién fue y por qué, un francotirador le disparó, con tan buena suerte para Moreno, que aunque le dio en el cuello, no afectó órganos vitales.

    La abogada Muñóz denuncia que Alejandro Silva, el liquidador es manejado por Freddy Ramírez Cuadra, por eso solicitó su remoción y pide una investigación por su actuación reñida con el derecho y sus responsabilidades.

    La representante judicial del débil jurídico en esta sociedad, Francisco Correale, insiste en que Freddy Ramírez Cuadra no quiere que su esposa, Nina Caiazza, acuda a los tribunales a declarar sobre la forma írrita como se liquidó Heca cuyos activos al final quedaron en manos de la pareja Ramírez Caiazza sin rendir cuentas ni reconocer el derecho en este caso particular de Francisco Correale.

    “Por calumnia no se persigue a nadie ni se le amenaza con cárcel” dice la abogada María Teresa Muñóz.

    “Lo que se persigue es callar a mi representado y que no insista en la denuncia de una liquidación ilegal y del robo de su patrimonio”, concluye la abogada Muñóz, que aún espera por justicia en el Palacio de lo que parece ser la Casa de la injusticia en Ciudad Guayana.

     

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