La Cámara Federal de Apelaciones revocó este martes el sobreseimiento de la causa conocida como la Ruta del Dinero K, en donde se imputa a la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner por lavado de dinero.
Luego de aceptar a la asociación civil Bases Republicanas como querellante y con el voto mayoritario de los jueces de la Sala II del tribunal, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y la disidencia de Eduardo Farah, se ordenó la reapertura de la investigación contra la vicepresidenta de la administración de Alberto Fernández.
El caso, que lleva el juez Sebastián Casanello, se retoma luego de cinco años desde que se anunciara la imputación de la funcionaria por su presunta participación en operaciones de blanqueo de 55 millones de dólares. La Cámara le ordenó al juez que reexamine el “fondo” de la causa, manteniendo los lineamientos expresados años antes.
La investigación, que logró la condena a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, se había suspendido por considerarse que “no había” elementos suficientes para sostener la imputación. Sin embargo, con la inclusión de la ONG, el organismo evalúo la revocación del sobreseimiento.
“La incorporación de este nuevo actor también habilita a que se reexamine la cuestión fondo objeto de esta causa, sobre la base del rol de acusador particular oportunamente conferido”, se expone un documento al que tuvo acceso el diario Clarín.
Evaluación de la Fiscalía
El juez Llorens acotó que la Fiscalía no hizo una “evaluación” integral que ameritaba el caso, por ello no se incorporó la prueba sostenida en el alegato de la causa Vialidad que marca la relación entre Lázaro Báez y Cristina Fernández, así como sus negocios de común beneficio.
“Nunca se analizaron los distintos grados de participación criminal de la imputada para determinar los elementos de prueba que colocan a cada uno de los responsables en el peldaño de responsabilidad que les corresponde, limitándose solo a emparentar a Cristina Kirchner con Lázaro Báez, pero sin precisar el rol que le habría cabido a cada uno», suscribe.
Ante esto, la renovación toma distintos elementos de prueba, aborda las piezas del caso e incluye expedientes como el de los procesos legales de Vialidad, Hotesur, Los Sauces (investigaciones individuales pero que convergen en La Ruta) con el propósito de ordenar de manera coherente, racional y lógica a todos los querellantes y revocar el sobreseimiento.
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada el 6 de diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad y fue absuelta del delito de asociación ilícita. La sentencia fue tomada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, según información citada por el medio argentino Infobae.
A finales del mes de agosto, el fiscal Diego Luciani pidió una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada en la concesión de fondos para obras viales entre el 2003 y el 2015.
Por este caso también estaban acusados el empresario Lázaro Báez, para quien solicitaron 12 años; Julio de Vido, exministro de Planificación; José López, exsecretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, extitular de Dirección Nacional de Vialidad; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas; José Raúl Santibáñez, expresidente del directorio de AGVP; Héctor Garro, expresidente de la AGVP; y Carlos Santiago Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, entre otros exfuncionarios.
El Cooperante