Este miércoles, la respuesta del crimen organizado a la ofensiva del nuevo Gobierno ecuatoriano ha dejado por lo menos diez muertos, más de cien policías y personal penitenciario retenidos por presos y una serie de ataques armados.

«Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas», subrayó Daniel Noboa, en entrevista con un medio local.

«Los desafíos de seguridad son graves y complicados, y el Gobierno no tiene mucho tiempo o recursos financieros para hacer frente al crimen organizado», dice a DW Benjamin Gedan, director del Programa para América Latina del Wilson Center.

Y, puesto que «hay mucha presión por parte del pueblo ecuatoriano para respuestas rápidas a la crisis, habrá una gran tentación para replicar las políticas de seguridad de El Salvador  incluyendo arrestos masivos», agrega el experto en seguridad.

Su colega del Wilson Center Beatriz García opina que la escalada de violencia y terror en Ecuador «necesita de una mano dura», pero recuerda que herramientas como el estado de excepción por sí solas no han resuelto la crisis de seguridad.

«Sin resolver la crisis penitenciaria y depurar la corrupción en altos mandos de la rama judicial, la situación aún puede empeorar», insiste.

Por su parte, Bernarda Jarrín, del centro de análisis Diálogo Interamericano, califica la respuesta de Noboa de «rápida y eficaz»: «Está tomando las medidas necesarias para tratar de estabilizar el país y parar estos actos extremos que fomentan el pánico en la población».

Jarrín observa que la crisis en las prisiones comenzó hace varios años. Desde 2021, han sido asesinados al menos 460 reos en masacres carcelarias. «Estando apenas un mes en el poder, Noboa se enfrenta a un gran reto», insiste y agrega que «la ayuda internacional es urgente».