Empresarios del estado Bolívar, fijaron posición a través de un comunicado donde reiteraron la denuncia que las tarifas de los servicios públicos, agua, electricidad y recolección de desechos sólidos, son impagables.

Aducen que la situación económica que se vive en el estado más grande del país, impide honrar con esas tarifas, no sólo a los empresarios sino a la ciudadanía, de allí que hacen un llamado al gobierno nacional para que revise y resuelva la situación.

Explican que además, desde la municipalidad imponen tarifas de los impuestos elevadas y a eso hay que agregar que continúa bloqueada la página para cancelar los impuestos municipales, esto debido a que quien no paga la tarifa del aseo, (es decir a Fospuca), no tiene acceso a la página y por lo tanto está insolvente y moroso.

A continuación el documento suscrito por todas las organizaciones gremiales del estado Bolívar, afiliadas a Fedecámaras Bolívar.

La Comisión Técnica Integral de Fedecámaras Bolívar conformada por los presidentes de sus cámaras afiliadas y aliadas: Cámara de Comercio e Industrias del estado Bolívar, Camindustrias Bolívar, Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar, Cámara de Comercio, Industria y Turismo del Municipio Piar; Asociación de Institutos de Educación Privada Caroní, Asociación Cámara de Turismo del estado Bolívar, Asocomercio San Félix, Asociación de Empresarios Gasolineros de Guayana, Cámara de Comercio e Industrias del Municipio Cedeño, Asociación de Operadores Turísticos de Canaima, Cámara de Expendio de Licores y Afines del estado Bolívar, Cámara de Comercio Industrial de Artesanos Municipio Padre Pedro Chien, Asociación de Ganaderos de El Palmar, Asociación de Productores de Cacao y Afines del estado Bolívar, Cámara de Cafeteros del Sur, Cámara Gastronómica del estado Bolívar, Federación  de Productores Agropecuarios del estado Bolívar y la Asociación de Ganaderos del Municipio Piar; en nuestra calidad de representantes de los empresarios y comerciantes de todos los sectores económicos, observamos con gran preocupación la persistente crisis que afecta al estado Bolívar. Esta situación ha tenido un impacto aún más pronunciado en el municipio Caroní, reflejando la difícil coyuntura económica que enfrentamos.

Es innegable la significativa afectación en el tejido empresarial de Ciudad Guayana, que además constituye una fuente de empleo vital para la comunidad.

La crisis económica, que se ha agudizado durante la última década, se manifiesta en la merma de la producción de las empresas básicas, tradicionalmente consideradas como uno de los polos industriales más importantes de la región y de Venezuela.

A esta realidad se suman factores adicionales que han exacerbado los daños, afectando negativamente el crecimiento económico local; entre ellos, los elevados costos de los servicios públicos (Corpoelec y Hidrobolívar), especialmente en lo que respecta a la gestión de residuos, el relleno sanitario y una fiscalidad excesiva.

El malestar en el ámbito empresarial, comercial e industrial es palpable, así como en la ciudadanía. Se ha vuelto cada vez más difícil afrontar los costos de estos servicios, cuyas tarifas se incrementaron a finales de 2022.

Consideramos desproporcionadas e incoherentes las tarifas impuestas, las cuales no se corresponden con la realidad económica actual. Asimismo, el cobro por el uso del relleno sanitario nos parece excesivo, dado que no se ajusta a las normativas técnicas ambientales vigentes.

Además, los impuestos municipales elevados no reflejan un balance justo entre el poder adquisitivo de los ciudadanos y la disminución de ventas que experimentan empresarios y comerciantes.

Queremos destacar también el problema del bloqueo del portal de la Superintendencia Tributaria de Caroní, que impide el cumplimiento de las obligaciones municipales debido a deudas con el servicio de aseo urbano, lo cual ha desencadenado sanciones y acciones legales contra las empresas.

Es relevante señalar que el colectivo de empresarios y comerciantes ha mostrado siempre su disposición a cumplir con sus responsabilidades fiscales.

Sin embargo, a pesar de nuestras reiteradas solicitudes de diálogo con las autoridades gubernamentales, no hemos recibido respuesta alguna.

Frente a todos estos desafíos, reiteramos nuestra oposición a estas medidas que consideramos arbitrarias y coercitivas, las cuales atentan contra los derechos y garantías constitucionales de los contribuyentes y han provocado el cierre de numerosas empresas, incapaces de sostener sus gastos operativos.

Renovamos nuestro llamado a la reflexión y reafirmamos nuestra total disposición para encontrar soluciones a los problemas que aquejan al sector privado y que repercuten directamente en la calidad de vida de la población.

Nota de prensa