Carmen Carrillo

Nerviosismo fue lo que hubo este lunes en el Palacio de Justicia de Ciudad Guayana, a raíz de la publicación de la carta que envió Massiel Pellicer, viuda de Silva y mamá de una menor de 7 años que por orden de la juez de mediación y del juez de menores, se quedó sin tener acceso a su herencia y perdió prácticamente todos sus derechos, debido a que sus hermanos mayores, hijos de un primer matrimonio del fallecido, padre de los tres, lograron obtener todos los beneficios.

La carta de 16 folios enviada al mayor general Gustavo González López, director del Sebin, explica la forma como la jueza de mediación Ann Nathaly Márquez de Oca y el Juez Superior de Menores, Pablo Amenta, en connivencia con los abogados Gustavo Blanco y Zaddy Rivas, se convirtieron en administradores de los bienes junto a los hermanos Silva Berti, en perjuicio de una pequeña de 7 años, hija del segundo matrimonio de Clemente Silva Lezama, fallecido en Estados Unidos.

A raíz de la denuncia se hizo público que la jueza de mediación Ann Nathaly Márquez Oca abandonó en diciembre del año pasado el tribunal y presuntamente se habría marchado a Estados Unidos, sin hacer entrega formal del tribunal.

También se conoció, esto último vía redes sociales, que Mercedes Sánchez, jueza rectora del Palacio de Justicia también se habría marchado a Estados Unidos, invocando la figura del Parole Humanitario y en su lugar está encargado el juez  Jorge Méndez, a quien conocen como El Tigre, padre además del Fiscal 14 antidrogas del ministerio público, quien tiene el mismo nombre que su progenitor.

Todo un desorden en ese recinto que se supone administra justicia. Ahora bien, Pablo Amenta, Juez Superior de Menores, el otro genio judicial involucrado en las maniobras para desconocer los derechos de una menor en el acceso a la herencia de su padre, fue designado por Mercedes Sánchez.

Cuando Amenta vio la denuncia en este diario, sufrió un colapso y se internó en un centro médico, para pasar el vaporón porque él junto con la jueza prófuga puesto que prácticamente huyó en diciembre y no entregó el tribunal ni dio explicaciones, son los mayores responsables de este desaguisado judicial, uno más de los que ocurren en nuestro Palacio de la Injusticia, donde los jueces parecen obtener los títulos comprando cajas de corn flake.

Por cierto uno de los abogados de los hermanos Silva Berti, Gustavo Blanco, fue uno de los imputados por el caso del Cartel del Hierro, donde estuvieron involucrados “próceres” de Ciudad Guayana, entre ellos el propietario del diario Primicia, Yamal Mustafá; el expresidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh; varios gerentes de Ferrominera Orinoco;  un alto funcionario del Sebin, alias Tiburón, así como empresarios de Ciudad Guayana.

En esa época Blanco tuvo la suerte de ser informado desde el ministerio público sobre la orden de captura que pesaba en su contra, lo que le permitió huir.

Blanco formaba parte del bufete de Omar Sánchez, socio y amigo de Maikel Moreno, ex presidente del TSJ y además es hermano de Mercedes Sánchez.

Así que la denuncia de Massiel Pellicer  viuda de Silva no está tan desencaminada en cuanto a que una mafia o banda funciona desde hace mucho tiempo en el Palacio de Justicia de Ciudad Guayana.

En tiempos de la IV República se hablaba de la Tribu de David, por David Morales Bello. Ahora es la Tribu de todos estos ciudadanos.