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    Denuncian a otra mafia en el Palacio de Justicia de Ciudad Guayana

    Mucho trabajo tiene el director general del Sebin, Mayor General Gustavo González López.

    Todas las semanas recibe cartas donde le solicitan que intervenga y actúe contra la corrupción.

    Sobre todo por las mafias que funcionan en el Palacio de Justicia (¿?) de Ciudad Guayana.

    Una nueva denuncia se conoció sobre la falta de justicia en lo que se supone es un recinto sagrado.

    Se trata del caso de la familia Correale contra la familia Caiazza, por la empresa Heca.

    La abogada de la familia Correale, que es la que está exigiendo justicia, María Teresa Muñoz, ha recibido amenazas; su hija cónyuge del cabeza de familia de los Correale ha sido perseguida y acosada por funcionarios del ministerio público, quienes parecen tener dentro de los cuerpos de seguridad unas especie de “grupos Gato”, que actúan hostigando y acosando a quienes están buscando justicia mientras los acusados tienen todo tipo de beneficios y de protección.

    Francisco Correale, quien es el solicitante de justicia, también ha sido acosado, perseguido y hasta reseñado por funcionarios de los cuerpos de seguridad que llegan al extremo de hacer fotos para reseña con teléfonos celulares, ¿Qué tal? Tipos prácticos.

    Dónde está el problema

    Como detalle, los señalados en este caso, de acuerdo a la denuncia de la doctora Muñoz ya fueron citados por funcionarios anticorrupción del Sebin. Es decir, ya los jalaron a todos.

    La abogada María Teresa Muñoz acusa a varios jueces y a fiscales pero sobre todo a un ciudadano de nombre Freddy Ramírez Cuadra, de profesión ingeniero civil, siempre asistido por el abogado Carlos Bolívar Herrera.

    Bolívar Herrera es profesor de Derecho Mercantil y Civil de una universidad de Ciudad Guayana. Es conocido como un experto en su trabajo.

    Freddy Ramírez Cuadra, es el esposo de Nina Caiazza, la otra socia de la empresa Heca junto a su hermana Silvana Caiazza.

    Muñoz afirma que todos los jueces involucrados, que son varios; los fiscales (Idem) y los funcionarios de seguridad (Idem) siguen instrucciones de Freddy Ramírez Cuadra.

    El motivo de la solicitud de justicia es la desaparición de unos pagarés prescritos que son el objeto de la querella contra la empresa.

    Al parecer fueron depositados en el Juzgado Primero Civil a cargo del juez de ese entonces, Juan Carlos Tacoa, y según la declaración del secretario del tribunal, José Guerra, allí no reposan ni originales, que fueron los consignados, ni copias.

    El pasado 27 de junio de este año, la abogada Muñoz vía comunicación enviada al Sebin explicó que se practicó una inspección judicial signada con el número 17.999.23 en la sede del Juzgado Primero Civil, donde en el punto séptimo, la ciudadana juez Alejandra Blanco manifestó “que hasta la presente fecha, no se habían encontrado los instrumentos cambiaros tipo pagarés”.

    De acuerdo a la Ley, “la pérdida de los originales probatorios del Tribunal civil, es un delito que tiene que ser conocido indefectiblemente por los tribunales penales e investigados por la fiscalía y presos los responsables”.

    Eso es lo que al parecer solicita la abogada María Teresa Muñoz, representante de Francisco Correale, dueño del 33 por ciento de la empresa Heca, frente a sus socias, las hermanas Caiazza, Nina y Silvana.

    Muñoz acusa a Freddy Ramírez Cuadra de pasar prácticamente 12 horas en los tribunales haciendo guardia; revisando el expediente cada vez que le da la gana (cosa que por cierto no es delito) y de ser quien a juicio de ella, ha corrompido todo el proceso.

    Sí intervino la Fiscalía y los cuerpos de seguridad

    Ahora bien, efectivamente hay un delito en este caso: La pérdida de los pagarés que son objeto de la querella, esos pagarés demuestran la propiedad de Correale sobre la empresa.

    Por lo tanto la acción de la abogada Muñoz pidiendo la actuación del ministerio público y la convocatoria de los cuerpos de seguridad para echarle el guante a todos los involucrados, tiene lógica; porque así ella podría probar, si es cierto, que Ramírez Cuadra ha corrompido el proceso pues alguien tendrá que hablar.

    Lo que sí es verdad es que intervino el ministerio público y los funcionarios de los cuerpos de seguridad pero no para resolver el caso sino para amedrentar, perseguir, amenazar y hostigar a quienes están pidiendo justicia: Es decir a María Teresa Muñoz, a la hija, y quien es la cónyuge de Francisco Correale, el otro interesado.

    Estas tres personas de acuerdo a lo narrado por la abogada Muñoz  han recibido todo tipo de acoso.

    “Yo recibí   amenazas públicas de este ciudadano, Freddy Ramírez Cuadra,  en la misma sede judicial, textualmente: “que debo de desistir de todos los procedimientos judiciales en contra de Heca,  de lo contrario embargaría toda la empresa y dejaría a mi representado sin nada, este hecho se materializó  con  el embargo ejecutivo planificado entre los accionistas y su esposa la presidenta de Heca, Nina Caiazza”, precisó la abogada.

    Inadmisión de sentencia interlocutoria

    En su comunicación María Teresa Muñoz asegura que “me asiste el derecho de denunciar los hechos, para terminar con la corrupción latente y  evidente en el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, ejercida  y manipulada descaradamente por este señor Freddy Ramírez Cuadra  y   por el Juez Quinto  de Control Abogado    Miguel Alejandro Rincón Sáez”.

    Muñoz afirma que el juez Rincón Sáez “con una pésima técnica jurídica, y una inmotivación de sentencia interlocutoria, Inadmite  la acusación Penal, intentada por mi representado. Con errores múltiples  confunde que la única forma de que la víctima sea representada en un proceso penal, es  mediante un apoderado especial  designado, cuando legalmente    la víctima puede ser representado en un proceso penal, a través de su abogado de confianza,  para que lo asista”.

    En pocas palabras, el juez quinto de control, Rincón Sáez determinó que Francisco Correale no puede escoger su abogado sino que él se lo asigna, como si Correale, ya estuviera detenido y le estuvieran asignando un defensor público.

    Denuncia ante la presidencia del Circuito

    Muñoz asegura que toda la situación la denunció ante la rectora, doctora Mercedes Sánchez y aun no recibe respuesta.

    Afirma la abogada que “el 2/6/2023  fue publicada  la sentencia interlocutoria  que inadmitió la acusación penal intentada por Francesco Correale,  expediente Nro- 2023 8949,  contra Freddy Ramírez Cuadra y su banda”.

    En su petitorio al director del Sebin expresamente pide:   Solicito  interponga sus  buenos oficios, a los fines de que se investiguen    los hechos  narrados, para acabar con esta asociación corruptiva,    donde  mi hija y quién suscribe esta denuncia hemos sido perseguidas y humilladas  por  esta especie de “ZAR de la justicia”, Freddy Ramírez Cuadra.

     

     

     

     

     

     

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