A pesar de que la viuda de Clemente Silva, Massiel de Silva sostuvo una entrevista con el director del Sebin, Mayor General Gustavo González López, no ha habido avances en este caso y los hermanos mayores de la última hija de Clemente Silva, difunto, y de Massiel de Silva, siguen expoliando en connivencia con abogados y jueces del Palacio de Justicia de Ciudad Guayana los derechos de la menor de edad.
Ahora intentan vender los aviones propiedad de Clemente Silva a la empresa Trasmandú, que realiza el traslado aéreo, no regular de pasajeros y carga, desde Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, hacia las diferentes zonas turísticas del sur del estado Bolívar, como son Canaima, Kavac, Kamarata, Uruyen, Luepa y Santa Elena, como dice la página web de la compañía.
Trasmandú podría terminar involucrada en este enredo jurídico e incluso podría resultar estafada porque no podría recuperar su dinero, si la justicia determina que esos bienes no se pueden vender como lo están haciendo abogados, jueces y los hermanos Silva.
Los hermanos Silva Berti y su abogado, Gustavo Blanco, cuando se publicó la primera nota sobre el caso huyeron del país.
En la comunicación enviada por Massiel de Silva a González López, la ciudadana denunció la existencia de un banda que amparada en su fuerza dentro del Palacio de Justicia de Ciudad Guayana se había asociado con los hermanos Silva Berti en la repartición de los bienes dejados por Clemente Silva en Venezuela y se habían convertido en los administradores de todas las propiedades del empresario Clemente Silva Lezama.
Acusó concretamente al juez Superior de Menores del estado Bolívar, Paolo Amenta y a la Juez de Mediación y Sustanciación Ann Nathaly Márquez Oca.
El primero se alojó en una clínica alegando problemas de salud y la segunda se fue del país, mientras Gustavo Blanco y Zaddy Rivas Salazar, abogados de los hermanos Silva Berti, capearon el temporal un rato y luego Blanco y los hermanos Silva Berti se marcharon del país.
Incluso ante la gravedad de la denuncia y ante las pruebas obvias de la connivencia de jueces, abogados y de los hermanos Silva Berti, buscaron tratar de llegar a un acuerdo con la viuda, Massiel de Silva, quien debería representar los intereses de la menor hija y última hija de Clemente Silva pero hasta esa condición le quitaron los jueces durante las acciones judiciales que terminaron perjudicando a la menor.
Ni siquiera la salida de la juez rectora del Segundo Circuito Judicial del estado Bolívar, Mercedes Sánchez y su posterior sustitución por Jorge Méndez, por ahora como juez rector encargado, hizo que los jueces, los abogados y los hermanos Silva detuvieran el procedimiento de expoliación de los derechos de una menor de edad.
La salida de Sánchez habría sido precisamente por la denuncia de la existencia de varias bandas de jueces, fiscales y abogados que realizan “su trabajo” en contra de los débiles jurídicos y a favor de quienes paguen mejor la administración de justicia.
Ni eso ha detenido a los hermanos Silva que se disponen ahora a vender varios aviones, propiedad del difunto Clemente Silva a la empresa Trasmandú.
