En horas de la noche del día lunes 12 de febrero, el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo dictó medida privativa de libertad contra la activista de derechos humanos española venezolana Rocío San Miguel y contra su ex marido el militar retirado, Alejandro José Gonzalez De Canales Plaza.

Las otras cuatro personas, conformadas por dos hermanos de Rocío, la hija y el papá de la hija, fueron liberados con medida de presentación cada quince días ante el tribunal.

La información se conoció a través de un comunicado publicado por el fiscal general, Tarek William Saab, en su cuenta X.

Explicó que todo se hizo dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales.

En la audiencia fueron presentados seis ciudadanos venezolanos quienes luego de las investigaciones preliminares de rigor, aparecen presuntamente involucrados en la Trama Conspirativa denominada Brazalete Blanco, dijo Tarek William Saab.

Los fiscales del Ministerio Público solicitaron medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y Asociación. Fue recluida en el Helicoide.

Y se solicitó medida de privación judicial preventiva de libertad contra el ciudadano Alejandro José González De Canales Plaza, militar retirado,  por la presunta comisión de los delitos de Revelación de secretos políticos y militares, concernientes a la seguridad de la Nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

A los cuatro ciudadanos restantes se les solicitaron medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa, entre otras.

El jefe del ministerio público, aprovechó sus redes para denunciar una feroz campaña desde el exterior en contra del Sistema de Justicia y el Estado venezolano “por parte de los mismos sectores que siempre han menospreciado las instituciones democráticas venezolanas y han amparado a la vez los intentos de Magnicidio y golpes de Estado contra Venezuela orquestados desde los poderes imperiales de occidente”.

Dijo que la campaña, pretende “menoscabar las investigaciones en curso buscando generar impunidad al atacar e intentar deslegitimar las acciones que realizan las instituciones venezolanas para combatir la violencia y el terrorismo”.

Por otra parte a través de un Comunicado de Foro Penal, publicado a través de las redes sociales de esta organización, se conoció que más de 200 ONGs y más de 400 personalidades del país, exigen la liberación de Rocío San Miguel Sosa.