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    Caso mafia en Palacio de Justicia de Guayana: contra los Silva Berti hay órdenes de captura que no se han ejecutado

    Dos órdenes de capturas emitidas por el Juzgado Cuadragésimo Primero de Primera Instancia Estadal en funciones de control del circuito judicial penal del área Metropolitana de Caracas en contra de Klemens Alejandro Silva Berti y Ricardo Leslie Silva Berti nunca fueron ejecutadas.

    Estos dos ciudadanos son los señalados por Massiel viuda de Silva Lezama  quienes coludidos con jueces del Palacio de Justicia y abogados que presuntamente conforman una mafia la dejó a ella sin acceso a la herencia y por supuesto a su menor hija, luego del fallecimiento en Estados Unidos, de Clemente Silva Lezama, padre de los hermanos Silva Berti y de la niña Silva Pellicer.

    La viuda  ante la dificultad para conseguir justicia en el Palacio de Justicia de Ciudad Guayana, remitió una carta al director del Sebin, Mayor General Gustavo González López y ahora sólo espera para tener la entrevista con el alto militar vía video conferencia. Ella se encuentra fuera del país.

    El par de órdenes de captura emitidas por el 41 de Primera Instancia en funciones de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas, especifica con precisión los delitos.

    Los hermanos Silva Berti, hijos de un matrimonio anterior al de Massiel Pellicer viuda de Silva, son señalados de estar presuntamente incursos en los delitos penales de estafa, fraude, forjamiento de documento público y falsificación de firmas, esto según los artículos 462, 463, 319 y 321 del Código Penal  Venezolano, aunado a los delitos de Legitimación de Capital y de Asociación, contemplados en los artículos 35 y 37, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, concatenado con los artículos 236 numerales 1, 2 y 3, en concordancia con el artículo 237, numerales 1, 2 y 3 y 238 numeral 1, del Código Orgánico Procesal Penal.

    Las órdenes de captura son de septiembre de 2022 y el expediente en el ministerio público tiene por número el 52153-2021.

    Sin embargo los hermanos Silva Berti jamás han tenido problemas por esas acciones judiciales pues salen y entran sin dificultad del país.

    Al parecer los ciudadanos han dicho a viva voz que esa libertad les costó un millón 200 mil dólares.

    Tres razones

    La viuda de Silva Lezama en la comunicación de 16 páginas enviada a González López, dice con mucha claridad que “tres motivos o razones me inducen a utilizar esta vía: El primero, la decisión del Ciudadano Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de enfrentar decididamente la corrupción en todas las esferas, públicas y privadas del país.

    El segundo es -y eso pienso probarlo con esta exposición-, lo difícil, y a veces imposible, como en mi caso, obtener justicia imparcial y expedita en muchos de los Tribunales venezolanos, y especialmente en algunos del estado Bolívar.

    El tercero es contribuir con la denuncia de nuestro caso, no sólo la búsqueda de un remedio urgente a los daños y la infamia de la que somos víctimas mi hija y yo, sino también a que se impida desde este organismo anticorrupción a que los tribunales venezolanos, como los denunciados, dejen de servir, en caso alguno, de amparo y de disfraz de verdaderas expoliaciones de bienes y patrimonios con la cobertura de decisiones amañadas, que lesionan el Estado de Derecho y las garantías constitucionales de los que acuden a buscar justicia”.

    Massiel Pellicer viuda de Silva denuncia lo que todo el mundo sabe en Ciudad Guayana y que la comisión que dirigió Antonio Benavides, mayor general y diputado, no consiguió nunca y que la nueva comisión designada para lo mismo: Revisar la actuación del Poder Judicial en todo el país, tampoco.

    Parece que no revisan muy bien o revisan y se hacen los locos porque la mafia que denuncia la señora donde aparecen hasta ahora la jueza de mediación Ann Nathaly Márquez Oca, huida a Estados Unidos, presuntamente,  y el Juez Superior de Menores, Pablo Amenta y los abogados Gustavo Blanco y Zaddy Rivas Salazar no  viene de ahora.

    Es más Gustavo Blanco y Zaddy Rivas Salazar forman parte del staff de abogados que defienden los intereses de las empresas básicas del estado. Es como diría el slogan de un ex gobernador del estado Bolívar: Y viene más.

    Carmen Carrillo

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